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El director del Serla avisa a Veganzones de que puede estar incumpliendo el marco normativoEl director general de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, Julio Cordero, ha advertido al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de «los posibles casos de ilegalidad o de transgresión de las normas estatutarias en que pudiesen ... incurrir», tras aceptar la subvención de 400.000 euros que para el organismo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno.
En una carta remitida al consejero como presidente del Patronato, Cordero explica que ha «pedido a la Responsable de Administración y Secretaría del Patronato de la Fundación del Serla, que proceda a aceptar la aportación dineraria prevista en la referida Orden «en ejecución del acuerdo del Patronato» adoptado el 31 de marzo de 2023 con la oposición de los representantes de CEOE Castilla y León, CC OO y UGT y solo con la mayoría de los patronos de la Junta.
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El director general del Serla señala «que las circunstancias expuestas podrían dar lugar a incumplimientos del marco normativo vigente, que ya se han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones y pudieran afectar a la aceptación de aportación dineraria, y de las que se pudieran derivar las correspondientes responsabilidades».
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha llevado a Consejo de Gobierno de hoy la subvención directa de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, integrada en el sector público autonómico, cuyo objeto es la solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León.
Según la comunicación remitida tras el Consejo de Gobierno, «esta aportación implica un ahorro del 60% para la Junta de Castilla y León con respecto a la financiación anterior». La intención es que a partir del 1 de julio queden excluidos de los gastos objeto de subvención «los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento, y los intereses deudores de las cuentas bancarias».
La consejería busca que la justificación de los gastos quede «limitada exclusivamente a los vinculados a la gestión de los conflictos colectivos y a la intervención de un mediador o un árbitro, según corresponda, en cada conflicto colectivo atendido».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta apuesta por la «austeridad» para concentrar el esfuerzo en el servicio público como la solución de los conflictos, lo que exige ahorros en los aspectos «más burocráticos» o «más reglamentarios».
Preguntado por si se valora ampliar la subvención de 400.000 euros a lo largo del año, Fernández Carriedo ha respondido que la Junta ha hecho un esfuerzo «muy relevante» que ha supuesto un esfuerzo económico «considerable». Por lo tanto, reclamó a la Fundación que, a partir de ahora, gestione con «eficiencia» estos recursos. «Si hay algún tipo de entidad que excede de los gastos inicialmente previstos se examinarán las circunstancias de lo que determinan pero será la propia Fundación que establezca las líneas de ahorro y de eficiencia del gasto», ha reiterado.
También ha precisado, según recoge la agencia Ical, que la Junta y la Fundación Serla son dos entidades públicas pero cada una actúa como una entidad jurídica, por lo que la administración autonómica realiza una aportación económica, a través de su Presupuesto, mientras que el Serla es el encargado de gestionar estos recursos, tras recibir la subvención.
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