El 10% de los nuevos jubilados de Castilla y León tendrán la pensión máxima

El 38% de quienes se jubilaron en 2020 tenían menos de 65 años, un porcentaje que en los últimos años ha ido reduciéndose desde que en 2016 alcanzase un récord del 44%. Dentro de este colectivo que opta por dejar de trabajar de forma anticipada –en la mayoría de casos a cambio de un recorte en su pensión–, uno de cada cuatro tenía un sueldo de más de 2.300 euros al mes, lo que supone cotizar por la base reguladora más alta. La reforma del sistema de pensiones que ultima el Gobierno quiere endurecer las condiciones de retiro para este reducido grupo de personas con la intención de acercar la edad de jubilación efectiva a la legal.

De las 285.870 personas que se jubilaron el año pasado en España –la cifra más baja desde 2008, con los cuatro años anteriores por encima de las 300.000–, el 61% ya habían cumplido los 65 años; el 8% tenían 64 años; el 16% eran de 63 años; de 62 fueron el 3,7% y de 61, el 8,7%. El 1,7% restante aún no habían cumplido los 61 años, según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

El Gobierno sigue negociando con los sindicatos cuál debe ser el 'castigo' para aquellos trabajadores con salarios más altos que deciden jubilarse antes de la edad legal. Según la propuesta planteada inicialmente por el ministro José Luis Escrivá, las personas con los salarios más altos de la escala podían ver reducida su futura prestación de jubilación hasta el 21%, es decir en hasta 460 euros al mes, en el caso de adelantar su retiro en dos años. A tenor de las últimas informaciones filtradas, el ministro habría accedido a la petición de los sindicatos de eliminar el doble recorte que pretendía implantar.

Ahora, se plantea hacerlo de forma gradual en un plazo de diez años, con lo que la plena entrada en vigor se retrasaría hasta 2035, momento en que se les equipararía la penalización con la de quienes no han cotizado por encima de la pensión máxima.

Los trabajadores que cotizan por una base reguladora igual o superior a la pensión máxima –este año son 2.707 euros al mes– suponen algo más del 25% de las actuales jubilaciones anticipadas, de acuerdo con los cálculos realizados por CC OO.

En el caso de Castilla y León cada año acceden a la jubilación entre 18.000 y 20.000 personas, de acuerdo con los datos de los últimos nueve años proporcionados por la Seguridad Social. El año pasado, los nuevos jubilados fueron 19.364 y lo hicieron de forma anticipada –esos casi cuatro de cada diez–, cerca de 7.360. Con el 25% de ellos optando por esta modalidad gracias a encontrarse en la zona máxima de cotización, el resultado supone esas 1.840 personas que el año pasado entrarían en el grupo de quienes se habrían visto perjudicados por el cambio de condiciones que aún negocia el ministro José Luis Escrivá con los agentes sociales.

Así, de salir adelante la reforma en los términos que hasta la fecha se han conocido, su impacto se concentraría en el caso de la comunidad autónoma en algo menos del 10% del total de nuevos jubilados de cada año.

Castilla y león contaba al cierre del año pasado con 390.000 beneficiarios de una pensión de jubilación dentro de los seis millones que había en toda España, es decir, el 6,4%. Los jubilados representan el 63,8% del total de pensionistas (completan el colectivo las viudas, huérfanos, personas con incapacidad permanente y perceptores de una prestación a favor de familiares), frente al 62,6% de media nacional.

El 55% de los jubilados de la comunidad tienen nóminas de 1.000 euros o menos y hay 160.00 dentro de los 612.000 pensionistas de todas las clases que reciben el complemento establecido para llegar al mínimo legal, que en el caso de los jubilados con cónyuge a cargo son 851 euros al mes.

El 18% de los jubilados ingresa entre 1.000 y 1.500 euros;el 10%, entre 1.501 y 2.000 y el 15% restante tienen prestaciones contributivas de más de 2.000 euros.

La pensión media de los jubilados castellanos y leoneses que accedieron a tal condición durante 2020 se situó en 1.415 euros mensuales, una cantidad que se incrementó el 4,5% con respecto al año anterior. Paralelamente, la prestación media de los jubilados que fallecieron en 2020 era de 993 euros, apenas del 0,5% más que en 2019.