Diez consejos de oro para resolver mejor un divorcio

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) recoge la experiencia de sus profesionales en materia de divorcio en un decálogo de consejos para que las rupturas sean menos traumáticas, en un guiño al cuarenta aniversario de la Ley del Divorcio, que se celebra mañana, 22 de junio. La norma se aprobó en el Congreso em 1981 y ha supuesto, indican desde la asociación, «un cambio trascendental en la sociedad española con efectos reales tanto en los cónyuges como en sus hijos».

Para conmemorar esta fecha, la AEAFA ha compendiado las buenas prácticas para un buen divorcio en 10 reglas de oro que recogen todo el conocimiento de sus más de 2.500 profesionales en 40 años de experiencia asesorando a exparejas en proceso de ruptura.

Nunca utilice a los hijos como arma arrojadiza contra el otro progenitor. El impacto psicológico de la ruptura es menor si los padres cooperan.

Los hijos no son quienes tienen que decidir aspectos esenciales de la vida familiar, sino los adultos.

Evite dejarse llevar por los sentimientos.

Intente alcanzar un divorcio de mutuo acuerdo. Es más económico que un procedimiento contencioso y le ahorrará sufrimiento emocional y tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 78,9% de los divorcios en España son de mutuo acuerdo.

Evite tratar con su cónyuge aquellas cuestiones sobre las que no se ponen de acuerdo porque acabarán discutiendo. Déjelo para su abogado. Hable únicamente de aquellas cosas sobre las que no hay discusión.

Trate de agilizar el trámite. Ralentizar las discusiones sobre los efectos del divorcio no conlleva ninguna ventaja. Cuanto más se alargue una situación complicada, peor.

Evite comparaciones con otros divorcios de parientes o conocidos. Recuerde que cada familia es un mundo, que todos los divorcios son diferentes y, en la mayoría de ocasiones, no son comparables. Recuerde que el objetivo de un abogado de familia es confeccionar un traje a medida para su familia huyendo de clichés o fórmulas estereotipadas.

Si hay patrimonio, delegue en un abogado de familia que esté al tanto de la jurisprudencia más reciente. El patrimonio, principalmente la vivienda, suele ser el mayor foco de conflicto.

Un buen convenio regulador perdura en el tiempo y merma el conflicto. Un convenio regulador es el documento en el que los cónyuges acuerdan las consecuencias personales y patrimoniales de una separación o divorcio. Su contenido se pacta de mutuo acuerdo y es de obligado cumplimiento después de la ruptura matrimonial.

En todo caso, recurra a un buen abogado especializado en Derecho de Familia con habilidades multidisciplinares. Le ahorrará sufrimiento emocional y tiempo. A la larga será más económico.

La presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano, en el cuarenta aniversario de la norma, valora el impacto de la Ley de 1981 y las normas posteriores que vinieron a complementarla. «Hasta la Ley 15/2005 de 8 de julio, el acceso a la separación y divorcio era causal, y su concesión giraba en torno a la culpa. No bastaba la mera voluntad de los cónyuges (salvo en los procesos de mutuo acuerdo, una vez transcurrido el primer año desde la celebración del matrimonio). El cónyuge inocente que pretendía separarse judicialmente debía culpabilizar al otro de la autoría de alguna de las causas previstas en el artículo 82 del Código Civil: el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria o cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales, la condena a pena de privación de libertad superior a seis años, el alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que afectasen al interés de la familia», recuerda Lozano.

Por este motivo, subrayan desde esta asociación, «fue tan relevante la Ley 15/2005 de 8 de julio que suprimió las causas legales de separación y divorcio en España, convirtiéndose en el único país de Europa con acceso directo al divorcio, sin exigir la previa separación judicial y sin causa cualpabilística«.

Asimismo, la Ley 13/2005 de 1 de julio, o «ley del matrimonio homosexual», situó a España como el tercer país del mundo (tras Países Bajos y Bélgica) que regulaba positivamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.