Diálogo Social y servicios públicos, legado de Herrera en una Castilla y León más despoblada

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 70.261 ciudadanos menos empadronados en Castilla y León en enero de 2018 (última cifra oficial) que en 2001. El padrón, que llegó a tener 2.563.521 habitantes en 2009 ha caído por debajo de esa línea de los 2,5 millones. El último recuento ofrece la cifra de 2.409.164 residentes. Menos y más mayores. El censo de los electores que el próximo 26 de mayo elegirán al sucesor de Herrera en la Junta tiene más octogenarios, nonagenarios y centenarios que veinteañeros. 234.076 frente a 190.087.

La falta de pulso del padrón de habitantes centró en 2003 una comisión de estudio en las Cortes, de la que salió una estrategia de medidas con acuerdo con el PSOE y que evolucionó hacia una agenda del PP ya en solitario para paliar la despoblación. La situación evolucionó a peor con la crisis y Castilla y León impulsó su inclusión en la agenda política estatal y en la europea. Herrera fue el primero en defender un dictamen sobre despoblación en el Comité de las Regiones de la UE.

El presidente dejará al próximo inquilino del Colegio de la Asunción, sede de la Junta, más de un centenar de acuerdos con sindicados y empresarios que van más allá del ámbito laboral e inciden en servicios públicos y política de vivienda. También un pacto de comunidad para negociar una mejora de la financiación autonómica con el Gobierno central, algo imprescindible para poder pagar unos servicios públicos que son más caros de prestar en un territorio amplio y montañoso y a una población envejecida y que vive dispersa en más de 6.000 núcleos.

«Las políticas sociales no son patrimonio de quienes llevan en el bolsillo o en la boca un carné 'colorao'». Con esa frase, reiterada por Herrera en sus intervenciones y debates, el dirigente del PP ha hecho bandera de su gestión de los servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Una labor más respaldada por las evaluaciones externas en las dos últimas áreas. El Informe PISA sitúa a Castilla y León a la cabeza de la educación mundial y con alumnos que sacan en conocimientos más de un curso a otros del mismo nivel de otras autonomías y los directores de centros de servicios sociales puntúan con un sobresaliente la Atención a la Dependencia. En terreno sanitario, la valoración de los pacientes no es mala, pero las mareas blancas y las protestas por falta de médicos han marcado esta legislatura. La Consejería de Familia es una apuesta personal suya, de 2003, y la Renta de Ciudadanía para combatir la pobreza, también.

Herrera pone fin a casi dos décadas de gestión en las que ha tenido que afrontar años muy duros de crisis y una última etapa en la que el PP, que llegó a tener 53 procuradores de 83, perdió la mayoría absoluta. Recuperó Villalar como símbolo, que había sido arrinconado políticamente por José María Aznar y Juan José Lucas, y pidió perdón en las Cortes en junio de 2017 por el «presunto caso de corrupción de personas, pero no de corrupción institucional» que es como definió a la trama eólica. Esa investigación judicial sigue su curso. Y la del edificio que compró su Gobierno en Arroyo con exaltos cargos de la Junta implicados. Herrera cierra una etapa en la que políticos de provincias dinamitaron su proyecto de aglutinar las cajas de ahorros en una entidad regional y deja tres grandes infraestructuras: la autovía Valladolid-Segovia, el Hospital Río Hortega y el Hospital de Burgos y su polémica concesión.