El Día de la Seguridad en el Trabajo pone el foco en la salud mental

«Los trabajadores están expuestos a muchos riesgos en el lugar de trabajo, desde riesgos biológicos, químicos y físicos hasta riesgos psicosociales y ergonómicos», advierte la Organización Internacional del Trabajo. «Millones de trabajadores pierden la vida cada año a causa de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y muchos más sufren lesiones debilitantes y enfermedades crónicas relacionadas con el trabajo. A pesar de estos peligros, en muchos países faltan medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales».

Además, en el panorama laboral post covid, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos ya están teniendo profundas consecuencias en la salud «y es probable que los retos que ello plantea sigan aumentando en los próximos años». Sin olvidar que la salud mental en el trabajo también es un tema que está cobrando cada vez más importancia. «Se ha demostrado que las condiciones y los medio ambientes de trabajo inseguros o insalubres socavan el bienestar psicológico», reconocen en el organismo que supervisa las condiciones laborales en todo el mundo y emite recomendaciones con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó en febrero un acuerdo alcanzado en el seno del Diálogo Social, con patronal y sindicatos, para poner en marcha la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Por primera vez, un plan de estas características dedica una atención especial a la salud mental, con planes específicos para identificar y prevenir los riesgos psicosociales en aquellas actividades en las que tienen mayor prevalencia las enfermedades mentales.

En plena transformación digital y ecológica y con el factor demográfico condicionándolo todo, el Gobierno se ha propuesto cambiar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención «para incorporar la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva», explican.

Se pretende, además, mejorar la gestión de la seguridad y la salud en lo que constituye la mayor parte del tejido empresarial español, las pymes, así como reforzar la protección de los trabajadores más vulnerables e introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral.

A la iniciativa de llamar la atención sobre los peligros que puede esconder la tarea de ganarse la vida se suman no solo los que pudieran parecer más directamente implicados. Una campaña de la Iglesia vallisoletana recuerda estos días que el pasado año, en Valladolid, 6.510 personas que salieron de sus casas a trabajar sufrieron un accidente laboral o una enfermedad profesional, 59 de carácter grave. Once de ellos no volvieron porque murieron trabajando y respecto a 2021, este dato ha experimentado un incremento del 9,3%.

«Estos datos sólo reflejan una parte de la siniestralidad laboral, pues las estadísticas no recogen lo que sucede a quienes se encuentran en la economía sumergida, ni a quienes trabajan sin contrato o se les paga en negro, ni a quienes no se les ha diagnosticado una enfermedad laboral porque no se especifica su origen, o sus patologías no son reconocidas como tales o los profesionales desconocen los procedimientos para calificarla como laboral», advierten desde el movimiento Iglesia por un Trabajo Decente. «Podemos afirmar que esta situación es más grave que lo que nos dicen las estadísticas».

En el ámbito autonómico, la celebración de la jornada mundial llega en un momento de máximo enfrentamiento entre el ejecutivo autonómico y los agentes sociales. A finales del año pasado, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, anunciaba la supresión de las visitas de los sindicatos y la patronal a empresas para informar y supervisar sobre seguridad y salud. La medida se justificaba por su «alto coste» y por ser un «recurso ineficaz», además de un «gasto superfluo».

Desde CC OO y UGT de Castilla y León advierten de que el proceder de la consejería de Vox «rompen el consenso de los 20 últimos años y empobrecen el espíritu de la prevención de riesgos laborales, al ceñir sus actuaciones a la mínima expresión». Desde la puesta en marcha en 2003 del programa de visitas de sindicatos y patronal a las empresas en el marco de la prevención de riesgos laborales, los accidentes con baja en jornada laboral se han reducido el 60%. El 2022, sin embargo, fue calificado de «año negro» por los sindicatos después de que Castilla y León ha cerrado el 2022 como un año negro en lo que la siniestralidad repuntase hasta los 63.705 accidentes laborales, el 3% más, y 58 fallecimientos, así como las 1.030 personas que contrajeron una enfermedad profesional.

Pero, aparte de las lamentaciones por la «política errática» de los últimos gobiernos de la Junta, los sindicatos creen que «los mayores retos a los que nos enfrentamos son conseguir que las empresas cumplan a rajatabla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales; el internalizar la gestión preventiva en las empresas y acabar con el trasvase de patologías profesionales al Sistema de Seguridad Social».

El año pasado, en Castilla y León, falleció como consecuencia del trabajo una persona cada seis días. Muertes evitables en ¿muchos? ¿todos? los casos si los implicados empresas, Administraciones y trabajadores pusieran todo de su parte para evitarlas. Con el cumplimiento de las medidas de seguridad que marca la ley y con la creación de entornos seguros y saludables.