Las desgravaciones del Impuesto de Sucesiones restaron a la Junta 2.621 millones entre 2010 y 2019

A falta de los datos de la Memoria de Gestión Tributaria de 2020, que la Consejería de Economía y Hacienda está a punto de publicar, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones dejó una recaudación en la caja de la Junta de Castilla y León entre 2010 y 2019 de 1.599 millones de euros. Siendo abultada esta cifra, es superior la suma de las desgravaciones a las que se acogieron los contribuyentes castellanos y leoneses en ese decenio. La Junta dejó de ingresar por beneficios fiscales aplicados al Impuesto de Sucesiones y Donaciones 2.621,7 millones de euros entre 2010 y 2019.

Este tributo grava las herencias y legados, además de las donaciones, incrementos de patrimonio a los que se añade el cobro de seguros de vida. Los familiares directos están exentos en la práctica de abonar este impuesto en Castilla y León cuando heredan cuantías inferiores a 400.000 euros por heredero. Existe una desgravación para los legados entre padres, hijos y cónyuges del 99%.

Una vez que se apruebe la nueva modificación se liberará el pago fiscal para las herencias más cuantiosas, las que superan ese montante de 400.000 euros por heredero. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, destacó durante la tramitación de la medida, hace ahora un año, que esperan que tenga un efecto dinamizador en la economía al favorecer donaciones, lo que en la práctica supondría adelantar herencias sin tener que esperar al traspaso de esos bienes a la muerte de quien los lega.

Este avance fiscal supondrá a la Junta un coste de 35 millones de euros en un año completo una vez que entre en vigor. Esa será la cuantía que dejarán de ingresar los contribuyentes que puedan acogerse a la nueva bonificación. La recaudación total en 2019 (último dato oficial) ascendió a 188,45 millones.

El anunció del presidente de la Junta de reactivar esta rebaja tributaria ha recibido el aplauso de la patronal autonómica. CEOE Castilla y León conminó a Fernández Mañueco a cumplir «esta vez» ese compromiso. Resaltan desde esta organización que es un tributo que genera «ciudadanos de segunda y de tercera en función de la comunidad en la que vivan», además de frenar «la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo». También ha mostrado su apoyo a la medida la Asociación de Empresa Familiar. Valoró el anuncio del presidente de la Junta como «muy positivo». Desde Empresa Familiar defienden que la medida contribuirá a la reactivación económica y «frenará la marcha de patrimonios o empresas a otras comunidades autónomas».