El desfase de Sacyl condena a la Junta a incumplir los objetivos de déficit y gasto

En dicho ejercicio, el ente auditor constata que «existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2017 por importe de 132 millones de euros, siendo seis millones de ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, existen obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas a 2017 por un importe de 422 millones de euros».

Es decir, un año más los balances de la administración autonómica revelan la existencia de gasto realizado y no reflejado, facturas que se aparcan para cuando vengan tiempos mejores o, si no, para ejercicios siguientes, costes que crecen engordados por los intereses de demora, falta de liquidez, incremento de la deuda...

Con todo, el consejo aporta como buena noticia que la deuda referida a obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de la gerencia en 2017 «se ha reducido de manera importante respecto al ejercicio anterior, un 71%». Eso es lo que sucedía hace casi ya tres años. Ahora, la deuda sanitaria ha aumentado hasta superar los 800 millones, una cantidad que supone casi la cuarta parte del presupuesto anual de la gerencia.

El organismo que ahora ha pasado a presidir el expresidente del Consejo Consultivo Mario Amilivia, constata la existencia de obligaciones pendientes de imputar al presupuesto al cierre del ejercicio ahora escrutado que, no obstante, en el caso de la Gerencia Regional de Salud «ha mejorado con respecto a ejercicios anteriores, si bien sigue sin realizarse ningún registro de las que se corresponden con los intereses de demora».

El informe que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha entregado en las Cortes regionales concluye que, un año más, los criterios utilizados por la Junta para la formación de la Cuenta General «no son compatibles con los del Estado», que establece una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público estatal;mientras que en la comunidad sigue existiendo la división en tres, la de las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del sector público fundacional.

En el apartado que dedica al seguimiento de debilidades, el informe pone en entredicho que la comunidad siga utilizando el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas, en vez del criterio de caja, que es el establecido en los principios contables públicos. «El registro de inventario no está implantado en la totalidad de los entes y el inventario general no recoge todos los bienes y derechos que integran el patrimonio».

En cuanto al detalle de deudores por presupuestos cerrados que se facilita en la memoria, el consejo considera que «no refleja en la mayoría de los capítulos la realidad de la antigüedad de esos saldos, lo que provoca que no se pueda realizar un adecuado seguimiento de las deudas de difícil cobro, y por tanto su consiguiente depuración».

Más preocupante resulta que, como consecuencia de la fiscalización, el consejo proponga en el resultado presupuestario consolidado de 2017 un ajuste negativo de 145,47 millones de euros, lo que supone que el balance negativo real fueron unos números rojos por importe de 595,17 millones. En el balance agregado propone un ajuste negativo de 206 millones, que situaría el importe total en 15.362 millones;mientras que en la cuenta del resultado económico-patrimonial agregada, el consejo plantea ajustes que suponen una disminución de 35 millones, que sitúa el desahorro en 581 millones.

Además, el presupuesto inicial consolidado fue de 10.290 millones, habiéndose autorizado modificaciones que suman 641 millones y situaron el definitivo en 10.931 millones. El grueso de las modificaciones más importantes desde un punto de vista cuantitativo se corresponde con el incremento de los créditos de la gerencia de salud.

Otros de los corolarios a los que llega el informe de los auditores son menos novedosos, como que el endeudamiento del conjunto del sector público de la comunidad al cierre de 2017 alcanzó los 11.870 millones, el 4,9% superior al de 2016. Hay que recordar que, tras acogerse al Fondo de Facilidad Financiera articulado por el entonces ministro Cristóbal Montoro y recibir 612 millones del ICO, finalmente la Junta incumplió los límites de endeudamiento y no alcanzó la estabilidad presupuestaria propuesta por el Consejo de Ministros, con un déficit del 0,99% del PIB regional, superior al objetivo del 0,6%. Tampoco cumplió con la regla de gasto, que era del 2,1%, con una variación respecto a 2016 del 5,1%.