Las deficiencias sanitarias impulsan campañas masivas de quejas ante el Procurador del Común

La mayor parte de ellos no se movía a título individual, en solitario. 36.230 concentraron sus quejas sobre 18 asuntos concretos. Es lo que en el equipo de Tomás Quintana, Defensor del Pueblo autonómico, definen como quejas múltiples, que va de 26 reclamaciones sobre un mismo asunto a 990. De la instalación de una macrogranja de cerdos en la localidad palentina de Meneses de Campos, a la falta de oncólogos en el Hospital de El Bierzo o de atención a pacientes con trastornos del comportamiento alimentario como anorexia y bulimia en León, el cierre del consultorio de Valles de Palenzuela (Burgos) o las deficiencias de conexión por transporte público en la localidad zamorana de Litos, cuyos vecinos expusieron también ante el Procurador del Común su malestar respecto a la atención que recibían del Centro de Salud de Tábara. La que suma más quejas, 31.408, es la que afecta a la asistencia a pacientes de cáncer en la comarca berciana por la falta de especialistas en el hospital de Ponferrada.

Estas reclamaciones múltiples, que destacan en el informe anual que el Procurador del Común depositó el jueves pasado en las Cortes y que centrará el pleno del día 11 de mayo, no son algo nuevo. El cierre de las urgencias médicas nocturnas en pueblos alejados de hospitales como el segoviano de Riaza o varios salmantinos de las Arribes del Duero o de las montañas de León, Burgos o Palencia o un proyecto de tanatorio en Laguna de Duero alimentaron campañas de quejas en 2012.

En otros ejercicios hubo quejas masivas contra los proyectos de investigación de extracción de gas pizarra mediante la técnica del 'fracking', que implica hacer perforaciones de más de 2.000 metros de profundidad e inyectar a presión agua con aditivos químicos, o por la reducción de aulas concertadas en algunos centros educativos privados.

Parte de las quejas múltiples actuales tienen que ver con las medidas que la Junta tomó durante la pandemia para su personal, con reconocimientos que excluían a las plantillas de sus residencias o con procesos de selección de personal que acabaron en polémica, como el de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería o el de consolidación de profesores interinos el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Sin dejar el terreno educativo, 389 ciudadanos hicieron llegar a Quintana su queja ante la previsión de quedarse sin Educación Primaria en la localidad segoviana de Hontanares de Eresma.

A todas esas reclamaciones que se articularon de forma orquestada sobre esos 18 asuntos concretos se suman otras 2.030 de ciudadanos que presentaron quejas sobre otras tantas cuestiones individuales por lo que entendían que era una mala o nula atención de ayuntamientos y diputaciones en 1.084 casos, o de la Junta en 733 casos, con las consejerías de Sanidad, Familia y Educación a la cabeza. El resto corresponde a competencias del Gobierno central (167) o de otras administraciones.

La investigación de todas estas quejas por parte de los profesionales que trabajan bajo la coordinación de Tomás Quintana dio lugar a 1.235 resoluciones, con 263 en las que se apostaba por el archivo o la inexistencia de irregularidad, según los datos que obran en el informe anual.

Estas resoluciones no son de obligado cumplimiento por parte de la Administración interpelada, pero los responsables de esta sí deben comunicar al Procurador del Común si la aceptan total o parcialmente o no la aceptan. Esto último sucedió en casi 14 de cada 100 (el 13,82%).

A las quejas de los ciudadanos, se suman las investigaciones de oficio que impulsa Quintana. Fueron 44 actuaciones a iniciativa propia en 2021, que tuvieron como objeto cuestiones sociales como la segregación escolar de minorías que provoca la existencia de colegios gueto o temas de actualidad como el cambio de uso de terrenos agrícolas para instalar plantas de producción en energía solar, pero también cómo se controla oficialmente el buen funcionamiento de los dispositivos foto-rojo que multan a quien se salta un semáforo o la ocupación de aceras por terrazas y elementos de calefacción de establecimientos hosteleros.

Todo ello centrará el debate de uno de los primeros plenos de la nueva legislatura, con un informa de más de 600 páginas que marca, a modo de auditoría de gestión, el margen de mejora en la atención a los ciudadanos.