Castilla y León

Las defensas del caso Perla Negra: «Estamos peor que hace un año»

Esta irregularidad podía ser motivo de nulidad si continuaba el juicio, así que el magistrado presidente del tribunal, Miguel Ángel de la Torre, decidió suspenderlo hasta que se subsanara el error. Hasta hoy. Porque la Audiencia ha devuelto a la casilla de salida la macrocausa dos veces, la última, el pasado mes de diciembre.

Uno de los letrados (de los doce defensores) que advirtió meses antes de la primera fecha del juicio de que la documentación incompleta de la causa les iba a impedir ejercer plenamente el derecho de defensa y que en caso de celebrarse la vista, plantearía la nulidad, es Jesús Gómez Escolar. El abogado de la exviceconsejera Begoña Hernández, que está entre los cinco exaltos cargos de la cúpula de la Consejería de Economía que se sentará en el banquillo, sostiene que, un año después, «estamos peor que antes», porque la fecha de un nuevo señalamiento está en el limbo y son diez años de «pena del telediario» los que pesan sobre su cliente quien, apostilla el letrado, «ha tenido que reinventarse por su cuenta, porque ni es funcionaria ni cobra un salario y con todo lo que se ha publicado difícilmente puede encontrar empleo».

Las acusaciones piden en conjunto, para los doce acusados, penas de hasta 221 años de cárcel por los «sobrecostes» del edificio de Arroyo y el polígono de Portillo. La pena más alta se solicita para el que fuera mano derecha de Villanueva en la Consejería, el exviceconsejero Rafael Delgado.

Recuerda este abogado que la Audiencia «ordenó a la letrada de la Administración de Justicia que hiciera las cosas bien y certificara la entrega de toda la documentación, pero no lo hizo» y además se dio a los letrados un plazo de diez días para que presentaran en el Juzgado de Instrucción 2 sus escritos de defensa, «cuando las acusaciones habían tenido un plazo de meses para prepararlos». Los recursos prosperaron ante la Sala pero nuevamente faltó el certificado de la LAJ que garantizara que «todos tienen todo» para continuar con el procedimiento y reseñalar el juicio. «Como ha dicho la Audiencia, no puedo saber si tengo todo o no porque es la letrada quien tiene que certificarlo, así que lo que se está generando es mucha inseguridad jurídica. Así que, de plazos para reseñalar el juicio no se puede ni hablar». Para Gómez Escolar, esta situación «lo que revela es que ni la letrada ni el juez están dispuestos a tomarse en serio este asunto, con las importantísimas penas de cárcel que se piden para los acusados, que no se trata de una simple multa».

José Fernández, letrado defensor del exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, coincide con su colega en señalar que el último auto de la Audiencia, del pasado diciembre, subraya que la letrada tiene que subsanar las deficiencias observadas en la documentación y certificar la integridad de la causa y dar dos meses a las defensas que el que tuvieron las acusaciones para presentar sus escritos, «pero no sabemos si se ha resuelto, porque en medio nos ha pillado la huelga indefinida de los LAJ«. En el hipotético caso de que se desconvocara mañana y se certificara que todo está correcto, explica, se emplazaría a los abogados a presentar sus escritos y la Audiencia podría reseñalar el juicio. Los abogados dudan de que la Sección Segunda pueda reservar hueco para el macroproceso antes del año 2024.

La Audiencia de Valladolid, con una agenda repleta de asuntos que han tenido que reseñalarse por la huelga indefinida de letrados de Justicia que se extiende desde el 24 de enero, tiene que reservar al menos un mes y medio para el caso Perla Negra, en el que se acusa de seis delitos de corrupción a cinco excargos y cargos de la Junta en tiempos del consejero Tomás Villanueva (fallecido durante el procedimiento) y a siete empresarios por la operación de compraventa del edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda y las parcelas del fallido parque industrial de Portillo, en Valladolid.

Fernández, que también está en la otra gran causa de corrupción de Castilla y León, la denominada trama eólica, observa un recorrido judicial igual de accidentado para este proceso en el que se juzgarán supuestas irregularidades en las autorizaciones de los parques eólicos de Castilla y León por parte de excargos de la misma Consejería que tuvo al frente a Tomás Villanueva. Las defensas ya han advertido sobre irregularidades en la entrega de documentación digital y que, por ejemplo, no existen traducciones al español de los escritos en polaco. En este caso las partes ya han presentado los escritos de defensa -la Audiencia ha rechazado la última apelación con el argumento de prescripción de los delitos planteado por Rafael Delgado- y se está pendiente del señalamiento del juicio. Pero si no se corrigen las irregularidades detectadas, la vista podría suspenderse el mismo día y antes de empezar.