Decepción en las empresas de Castilla y León con los PERTE

El programa dirigido al sector de la automoción tiene como eje central «la creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil (con fuerte tracción sobre otros sectores económicos), para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada y a la generación de nuevas actividades», según reza la exposición del Gobierno.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dará a conocer la próxima semana las ayudas concedidas de forma definitiva en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). Reyes Maroto ha avanzado que la inversión pública ascenderá a 877,2 millones, apenas el 29,5% del presupuesto total asignado (2.975 millones).

Del escaso entusiasmo que ha generado este programa da prueba el hecho de que el grupo Volkswagen se esté replanteando su proyecto de una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) ya que la cifra adjudicada en el marco del PERTE podría no resultarle suficiente para asegurar su viabilidad.

En la presentación mundial del nuevo modelo de Renault, el Austral que se fabrica en Palencia, el director industrial del Grupo Renault y presidente-director general de Renault España, José Vicente de los Mozos, llamaba la atención acerca de que las ayudas del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado «no van a resolver los problemas de la industria española porque el cambio se debe hacer en toda la cadena de valor».

«Solo con fábricas de baterías no se arreglan las cosas; hace falta un plan de país y una hoja de ruta para la transformación de la industria», señalaba el directivo vallisoletano, para quien el vehículo eléctrico tiene mucho recorrido, pero hoy por hoy no da respuesta a todas las necesidades de movilidad. De los Mozos aprecia falta de sintonía entre la transición que plantea la Administración y las necesidades y demandas de los usuarios, por lo que aboga por un proceso más «ordenado».

En opinión de De los Mozos, «la transición no se puede hacer en tres años» y es un error no valorar la solución técnica que en este momento y en el futuro inmediato ofrecen los vehículos híbridos. Recordó que éstos permiten importantes reducciones de las emisiones, pero la rigidez del PERTE los deja fuera de los proyectos que pueden contar con ayudas. Es lo que sucede, según puso como ejemplo, con el Austral, que emite hasta un 40% menos de CO2 que un modelo equivalente con motor diésel gracias a la tecnología híbrida sin enchufe de Renault. Sin embargo, y pese a contar con la etiqueta ECO de la DGT, no cabe en el PERTE.

Después de que el jueves el grupo Volkswagen pidiera celeridad al Ejecutivo en la resolución de las ayudas y de que condicionaran la toma de una decisión definitiva sobre la gigafactoría de baterías a la cantidad adjudicada, el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que existen subvenciones adicionales a las recogidas en el PERTE VEC que podrán ser articuladas tanto por las comunidades autónomas como por parte de recursos del Estado, según informa Europa Press.

La comisión técnica de evaluación del ya dio el visto bueno al proyecto presentado por Renault, denominado 'Ecosistema industrial de innovación para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado en España'. De hecho, con 73,67 puntos, fue el que más puntos obtuvo de los que concurren a esta línea de ayudas, por encima de iniciativas como las de Mercedes Benz (64,71 puntos) o Ford (63,41). Implica un desembolso de ayudas por valor de 39,7 millones de euros, de los cuales 1,9 serían préstamos y el resto una subvención, para una inversión total de 74 millones de euros. El proyecto aglutina 31 iniciativas en torno a la descarbonización, la conectividad y la movilidad como servicio.

En una reciente entrevista con El Norte Félix Cano, presidente del clúster de la industria auxiliar de automoción de Castilla y León (Facyl), señalaba que «los PERTE son muy complicados de ejecutar y se están perdiendo fondos europeos porque muchos fabricantes los están rechazando, ya que no tienen tiempo para desarrollarlos tan rápido como les piden».

El PERTE Agroalimentario tiene como objetivo promover la digitalización de los procesos y la incorporación de conocimiento e innovación a toda la cadena productiva para «facilitar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles, que cubran las necesidades de una población cada vez más segmentada y con una mayor demanda» de este tipo de productos.

En este caso, quien ha dado la voz de alerta ha sido el presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Pedro Ruiz Aragoneses, quien ha expresado su preocupación por el retraso y la complejidad de las bases de este proyecto estratégico, que está en una fase más incipiente que el de automoción. Dos años después de la aprobación de los fondos UE Next Generation, el sector sufre «una enorme desilusión y desconfianza». Teme que el PERTE va a llegar tarde y con un diseño «muy alejado de la realidad empresarial y de nuestro sector, integrado por pymes y micropymes».

Lamenta el presidente de Vitartis que en las reuniones con el Ministerio de Industria, «no se atienden las sugerencias que habían solicitado», para después descubrir que «las bases reguladoras plantean proyectos de una gran complejidad, con unos requerimientos enrevesados, ajenos a la realidad y a la situación actual del mercado».

En opinión de Ruiz, es «inconcebible» que se deje fuera de este PERTE al sector primario y a la distribución, cuando lo que la industria agroalimentaria busca y necesita «es que los nuevos proyectos impliquen a toda la cadena de valor». No entiende tampoco que la participación en este proyecto en concreto «sea incompatible con otras ayudas regionales», cuando sí lo es en los PERTE de otros sectores.

En opinión del presidente de la asociación que agrupa a cerca de 140 empresas agroalimentarias de Castilla y León que acaparan más del 40% de la facturación y del empleo del sector, «las trabas y el retraso producen un efecto disuasorio y están desincentivando la inversión». Están casi resignados a tener que renunciar a presentar proyectos «por los plazos tan cortos exigidos para su ejecución y la complejidad» de los requisitos.