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En Castilla y León hay más de 20.000 alumnos con necesidades de compensación educativa por bajo rendimiento escolar. Y cinco de cada seis están en colegios públicos. Durante tres sesiones celebradas en los meses de marzo y abril, 17 expertos en diferentes ámbitos educativos, se han reunido en sesiones de trabajo en Valladolid convocados por la Plataforma Social que defiende el apoyo a la Enseñanza Pública en la región. Les motivó el convencimiento de que «pasado un año desde la aprobación de la LOMLOE (nueva ley educativa estatal) y de que se hayan realizado diversos anuncios desde la Junta de Castilla y León para poner fin a la segregación escolar y garantizar la equidad educativa (...) nos hemos dado cuenta de que nada ha cambiado».
Este colectivo, muy crítico con el reparto de fondos y ayudas en el apoyo a la educación pública y concertada, lleva años denunciando que «la enseñanza pública está en camino de ser solo para el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa». En mayo de 2021 remitieron a la Junta de Castilla y León el documento 'Poner fin a la segregación escolar' que firmaron 29 organizaciones preocupadas por esta realidad.
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Estas sesiones de trabajo han buscado múltiples enfoques al peligro de los colegios gueto, a esos 30 centros de Castilla y León incluidos desde hace años en la lista de escenarios situados en barrios con problemas de escasez de recursos, avance de la marginación, presencia de minorías raciales (en especial la etnia gitana). Expertos entre los que se sitúan un buen número de directores y maestros de centros educativos con este perfil, el catedrático de Derecho Constitucional y exconsejero de Educación, Fernando Rey, concejales del Ayuntamiento de Valladolid y educadores de calle y técnicos en proyectos socioeducativos, entre otros.
De estas amplias sesiones ha salido un documento con 33 propuestas que se remitirán a todas las Administraciones que tienen capacidad de intentar revertir «la creación y consolidación de colegios gueto«. Esta Plataforma Social insiste en que «acabar con la segregación debe ser una prioridad política» y que «la libertad de elección de centro no puede dejar de ser una coartada para dejar de actuar en la erradicación de los centros segregados».
Un dato muy llamativo son los 300 casos de niños que sufren absentismo escolar en la región. Un dato que para la Fiscalía «no es muy significativo», además de que muchos colegios «no comunican el que tienen».
Entre las 33 medidas propuestas por este Foro para luchar contra esta lacra educativa, destacan las 18 siguientes:
1Voluntad política para garantizar la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión escolar.
2Necesaria coordinación entre las Áreas de Educación y Servicios Sociales.
3Hay que regular, a nivel autonómico, las competencias de los ayuntamientos para desarrollar actividades extraescolares.
4Hay que formar a los profesores en habilidades sociales para su relación con el alumnado en vulnerabilidad.
5Es necesario prestar apoyo personalizado al alumno para facilitar su inclusión.
6Hay que erradicar las aulas específicas para alumnos con necesidad de compensación educativa.
7s necesario cuantificar el alumnado que requiere esta ayuda.
8Todos los centros escolares financiados con fondos públicos deben reservar tres plazas por cada unidad (aula) eliminando la condición de que existan plazas vacantes.
9Los centros concertados deben disponer de los mismos recursos y desarrollar los mismos compromisos con el alumnado vulnerable.
10Las Comisiones de Escolarización deben tener capacidad real de intervenir en el proceso de matriculación.
11La Inspección educativa debe detectar las necesidades educativas.
12Hay que incorporar educadores sociales y mediadores en todos los centros escolares.
13Hay que actuar para evitar que la brecha digital contribuya a consolidar la segregación social.
14Falta una normativa que evite la aparición de colegios segregados.
15Hay que dar flexibilidad y medios a los directores para que puedan desarrollar el proceso educativo que mejor se adapte a su alumnado.
16Ningún centro debe tener más del 30% de alumnos en situación de vulnerabilidad.
17Educación debería definir cuáles son los colegios segregados. Actuar como si no existieran solo sirve para su consolidación.
18Hay que analizar el funcionamiento de las comisiones de absentismo escolar para mejorar los resultados.
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