Cumple un año el anticipo electoral con el que Mañueco reventó la coalición con Cs

Mañueco cesó a los cuatro consejeros de Cs un lunes en el que estos esperaban participar en una reunión para valorar si la Junta tomaba esas Navidades las medidas que aconsejaba el comité de expertos (reunido el viernes 17), ante la subida de contagios e ingresos por la covid-19. Ese fin de semana dejó 5.655 positivos, 18 muertos y 83 pacientes críticos en las UCI de Castilla y León. Ese era el plan para el lunes 20. Hasta el punto de que la consejera de Sanidad acudió a la sede de la Junta, entró en la sala y sorprendió a Alfonso Fernández Mañueco con los consejeros del PP (salvo Suárez-Quiñones, que estaba en Bruselas) dando forma al anticipo electoral.

«Teníamos una convocatoria de una comisión delegada y yo creía que era presencial. A las nueve de la mañana. Abro la puerta y me encuentro con un Consejo de Gobierno, presidido por Fernández Mañueco, consejeros del PP y más personas que no me dio tiempo a identificar. Pregunto: ¿No era hoy la comisión delegada? Me dicen que era telemática. Cierro la puerta y, en ese momento, me entra un mensaje. Una foto del correo electrónico con mi cese. No me esperaba las formas. Algo así tendría que ser a la cara, de frente», relató Verónica Casado.

Alfonso Fernández Mañueco argumentó que había riesgo de una nueva moción de censura y que Cs planeaba una «traición dañina» con el PSOE, Podemos y Por Ávila. Con los abulenses negociaban los socios de coalición el apoyo que les faltaba –en marzo, tras la moción de Tudanca, una procuradora de los naranjas salió del grupo y les dejó en minoría– para sacar adelante el presupuesto para 2022, que se iba a votar el 22 de diciembre. «No es de recibo que se pacten unos presupuesto a espaldas del presidente», justificó Mañueco. «El presidente sabe que eso es mentira, todo lo hemos hecho con su conocimiento. Mañueco no es un hombre de bien», puntualizó después Francisco Igea.

Esa convocatoria electoral, auspiciada por encuestas que le ofrecían al PP en ese momento la perspectiva de gobernar en solitario en Castilla y León, cuajó en un escrutinio que cambió el hemiciclo autonómico y abrió a Vox, por primera vez en España, la entrada en un gobierno regional y la presidencia de un parlamento.

El recuento de papeletas dejó un hemiciclo con 31 escaños para el PP (tenía 29); 28 para el PSOE (tenía 35); 13 para Vox (tenía 1); 1 para Cs (tenía 12); 3 para UPL (tenía 1), 1 para Unidas-Podemos (tenía 2); Por Ávila mantenía el que ocupaba y Soria ¡Ya! entraba en escena al lograr tres de los cinco escaños sorianos. Con esa aritmética, el PP cambió a Cs por Vox como socio. Los de Abascal reclamaron presidir las Cortes y las consejerías de Empleo, Cultura y Agricultura y Juan García-Gallardo optó por una Vicepresidencia sin cartera que refuerza su perfil de 'presidente bis' de la parte de Vox de la Junta. Desde esa tribuna defiende que la coalición de Castilla y León muestra el camino de La Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, en una alianza con Vox que eludió en junio Juan Manuel Moreno Bonilla al lograr el PP andaluz una mayoría absoluta que le permitió esquivar ese 'abrazo'.

La disolución de las Cortes dio al traste con las reformas que Cs exigió al PP en materia de regeneración política. Decayeron los proyectos de ley de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, de Transparencia, de Derechos al Final de la Vida y de Ordenación Territorial. También la reforma de la Atención Primaria, que provocó la primera crisis visible entre PP y Cs, con Mañueco votando, en septiembre de 2021 una iniciativa de Luis Tudanca contra un proyecto del Gobierno de coalición. «No sé si a lo mejor van a pintar médicos, porque no los hay y no hacer nada no es una opción», manifestó Verónica Casado tras la ruptura de la coalición en referencia al PP. Esa reforma de la Atención Primaria sigue pendiente.

Del acuerdo entre PP yVox se cayeron los proyectos de regeneración política, más allá de la alusión al recorte del «gasto político superfluo». Con cargo a este último fin Vox ha abierto una guerra declarada a los sindicatos CC OO y UGT, que alcanza a la patronal CEOE al inaplicar los acuerdos del Diálogo Social que afectan a la Consejería de Empleo, mientras el PP impulsa los que afectan a las suyas. Gallardo impuso en la agenda de la Junta una Ley de Violencia Intrafamiliar y el compromiso de redactar una norma de 'concordia' –que apenas han avanzado en este momento– y el PP ha ido templando la exigencia inicial de derogar el Decreto de Memoria Histórica y la ley autonómica de Lucha contra la Violencia de Género.

El año 2022 ha discurrido sin presupuesto efectivo para la gestión de la Junta, entre unas cuentas encalladas en víspera de su debate y votación y otras, las primeras de PP y Vox, que están a punto de ver la luz. Se votan el día 23.