La crítica del Gobierno de Mañueco al legado de Herrera cristaliza tensiones de años en el PP de Castilla y León

Mientras responsables salientes definen como «poco honesto» que se utilice de escudo una gestión «avalada por indicadores de todo tipo, educativos, sociales, sanitarios, de empleo, culturales o agrarios», un dirigente próximo al equipo de Mañueco quita hierro y sitúa las declaraciones en el contexto «normal» de un relevo en la gestión con Gobierno que además «es de coalición».

Las críticas a la gestión económica se suman a las de la política de personal, que recayó los últimos años en José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente y portavoz de la Junta y colaborador de la absoluta confianza de Juan Vicente Herrera. Desde esa preeminencia política, De Santiago-Juárez ha mantenido durante años un pulso con Alfonso Fernández Mañueco. Uno encaramado en la gestión de la Junta y el otro apoyado por la estructura y las baronías del partido, con discrepancias que salieron a la luz con las críticas a los ministros de Mariano Rajoy, la ordenación del territorio y las primarias autonómicas con los consejeros de Herrera apoyando casi en pleno a Antonio Silván. También en los reproches de Alfonso Fernández Mañueco en su etapa de alcalde de Salamanca y del PP charro al anterior consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, reconfirmado en su puesto por Juan Vicente Herrera en el fragor de esa polémica. Ese ten con ten soterrado vivió un nuevo episodio con De Santiago-Juárez ya en el Ayuntamiento de Valladolid defendiendo que se debe reconocer a la ciudad del Pisuerga como capital de Castilla y León. «Ese es un debate que se zanjó el siglo pasado», cortó Mañueco.

Todo eso sirve, en parte, para contextualizar la declaración en rebeldía de Fernández Mañueco y sus consejeros (también del PP) respecto a la herencia de 18 años de gobierno de Juan Vicente Herrera y que empezó a notarse en septiembre ya en las comparecencias de los consejeros de la Junta en las Cortes. Una lluvia fina que ganó intensidad en otoño.

Tanto Mañueco como el titular de la Consejería de la Presidencia, Ángel Ibáñez, marcaron distancias con el acuerdo firmado en la recta final de la campaña electoral para aplicar las 35 horas a la plantilla de la Junta y respecto a iniciativas para reformar esa plantilla, como el catálogo de puestos tipo, las relaciones de puestos de trabajo y el concurso abierto y permanente, reiteradamente anulados por los tribunales.

«Yo no estaba en el Gobierno en ese momento», respondió el actual presidente cuando se le preguntó en septiembre por qué no aplicaba el acuerdo de las 35 horas. «Desde que Herrera supo que se iba y Alfonso ganó las primarias, nada, nada nada se ha hecho, ya no sin que este (Fernández Mañueco) lo supiera, sino sin que dijera que se hacía», indica uno de los últimos consejeros del expresidente. Y ese nada empezó por el presupuesto autonómico de 2018, el que se ha vuelto a prorrogar ayer para empezar 2020. Esa negociación no fue solo entre la Junta y Cs. Se incorporó el grupo parlamentario, que presidía Mañueco desde que se puso al frente del PP de Castilla y León.

Una de las medidas que se aprobaron en la recta final de la legislatura pasada fue la regulación de la carrera profesional de los funcionarios, que implica un reconocimiento económico, en la nómina. Esa normativa llegó con un tope presupuestario de la Consejería de Economía y Hacienda de Pilar del Olmo que el grupo popular levantó en la tramitación de las Cortes. Esta por ver cómo se aplica.