Castilla y León

Crece el número de víctimas de malos tratos que atiende la Junta

Crecen las denuncias, pero también y de forma significativa crece la atención en la comunidad, a tenor de las cifras facilitadas por la consejera Isabel Blanco, que ha puesto de manifiesto ante representantes de administraciones y organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la violencia de género e integran ese Observatorio un «refuerzo» de la asistencia que desmontaría la crítica política de que el Gobierno autonómico de coalición, influenciado por Vox, retrocede en apoyo a las víctimas de la violencia de género.

«Es un compromiso que se demuestra con hechos», ha resaltado la consejera Isabel Blanco. Las mujeres a quienes se ha prestado desde la Junta acompañamiento jurídico tras denunciar malos tratos han pasado de 249 en 2022 a 359 en 2023 y también subido la cifra de apoyo psicológico, con un balance de asistencia que pasa de 1.654 a 2.423, según los datos facilitados por la Consejería de Familia. Es un incremento de 769 personas atendidas por profesionales en psicología en unos programas de terapia para mujeres y familiares, pero también de reeducación de maltratadores. A este programa se suma otro de apoyo psicológico urgente en el que las 291 personas atendidas en 2022 son 336 en 2023.

Los datos constatan el incremento de denuncias y el aumento de la respuestas desde la Junta para atender a esas víctimas de malos tratos en una comunidad, Castilla y León, que tiene pendiente la reforma de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, con el texto prácticamente consensuado y cerrado, desde 2018. Esa normativa, que entre otras cuestiones incorpora a los huérfanos de asesinadas, ha pasado todos los informes previos pero no termina de llegar al Consejo de Gobierno de la Junta.

En ese freno sí estaría motivado por los equilibrios que mantiene Alfonso Fernández Mañueco con su socio de coalición Vox. Esa actualización normativa no avanza, como tampoco hay noticias de la Ley de Violencia Intrafamiliar que exigieron los de Santiago Abascal para pactar con el PP en Castilla y León. Es una norma de nuevo cuño que depende de la consejería de Isabel Blanco, que dejó claro en el anuncio oficial de iban a iniciar la regulación, pero que dejaba fuera todo lo relacionado con violencia de genero o menores. Eso augura una regulación, de culminar su aprobación en las Cortes, bastante descafeinada respecto a la exigencia inicial de Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, que llegó a la Junta arremetiendo contra lo que Vox define como «chiringuitos» de género.

En lo que respecta a las cifras de los servicios de lucha contra la violencia de género, sube la actividad de atención en los centros de acogida; en el programa Atrapadas, que atiende a mujeres víctimas de la trata de personas y de redes de prostitución; y también ha aumentado en Castilla y León el número de maltratadas con protección policial, pasando de 2.086 a 2.488. Son 402 mujeres más a las que desde un juzgado se les ha concedido medidas de vigilancia policial, a las que se suman 151 con dispositivos electrónicos de alerta. Baja levemente, de 70 a 66 casos, la asistencia letrada y defensa jurídica por agresiones sexuales en procedimiento penales.

Isabel Blanco defendió el incremento de un 10% del presupuesto autonómico que ella gestiona para programas de lucha contra la violencia de género y remarcó que su equipo «ha ejecutado el 100% de los fondos del Pacto de Estado, cosa que no pueden decir todas las comunidades». Cifró en casi 12 millones de euros el presupuesto destinado al fomento de las políticas de igualdad y a la atención a víctimas para afrontar situaciones «siempre muy complejas».

La consejera ha destacado el aumento de plazas de atención a mujeres que precisan un alojamiento por tener que abandonar su vivienda huyendo de un maltratado, que pasan de 207 a 263. Blanco ha mencionado la puesta en marcha del centro de emergencia de Zamora y remarcado que el que estaba pendiente en Soria comenzará a funcionar en las próximas semanas.