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Entre muy difícil e imposible. Encontrar profesionales para rellenar los huecos que la covid-19 dejan en las residencias de mayores es una utopía en ... ese momento. En especial, si el contagiado es personal sanitario o si el centro se ubica en una zona rural. Desde la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia, Acalerte, que agrupa a residencias privadas de la comunidad en los que viven alrededor de 20.000 de los 45.000 usuarios, alertan de que el aluvión de bajas laborales que la sexta ola de la covid está provocando entre sus empleados pone «en jaque» la atención de los usuarios. Personas, en la inmensa mayoría de los casos, altamente vulnerables por la falta de autonomía personal.
La red de centros residenciales de la comunidad de centros de personas mayores y con discapacidad cuenta con una plantilla de 25.093 profesionales y hay 1.530 de baja en este momento. Esa cifra es, según apuntan desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de los trabajadores posistivos en coronavirus y de otras enfermedades.
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Llueve sobre mojado con la covid-19 en un sector con una plantillas muy ajustadas. Hasta el punto de que una regulación estatal permite desde el 31 de diciembre contratar personal sin titulación, «de manera excepcional y mientras dure la situación de pandemia derivadas de la covid-19». A fecha de 9 de enero, el Imserso contabilizaba 8.376 empleados contagiados en las residencias de mayores españolas.
Diego Juez, presidente de Acalerte, explica que llevan meses cubriendo las bajas rehaciendo cuadrantes de jornada, con cambios de descansos y turnos a los compañeros de los enfermos, tirando de la propia plantilla del centro. Un «mal endémico» que se ha agudizado en las últimas semanas. Juez plantea que sería positivo que el parte de baja de un trabajador al que el coronavirus aísla en su casa incluyera el alta de manera preestablecida –que se pudiera aplica en los casos de asintomáticos o con síntomas leves– para poder organizar plantillas, porque hay veces que la imposibilidad de contactar con el médico de Familia o las diferencias de funcionamiento de los centros de salud dentro de las propia comunidad provoca desfases en la incorporación de trabajadores. Juez explica que encontrar profesionales para el cuidado directo de los mayores es «muy difícil», situación que evoluciona hacia el «imposible» en el caso de personal sanitario. La ubicación de los centros también influye. Es «difícil» lograr sustitutos en las capitales y una quimera intentarlo en un pueblo. «Son sustituciones urgentes, que se necesitan para ya y eso complica una situación que ya arrastrábamos», reconoce el presidente de Acalerte.
Los contagios al alza de la sexta onda pandémica suman cifras en las residencias de mayores y de personas con discapacidad. Hay en estos momentos 50 usuarios aislados con síntomas compatibles con la covid-19 y otros 1.510 sin síntomas, en aislamiento «preventivo». Burgos suma 494, casi un tercio. Esos 1.560 mayores aislados eran 1.467 hace una semana, el 11 de enero. Y 176 antes de Navidad, el 23 de diciembre.
En la última semana han fallecido 14 usuarios de residencias con covid confirmado, la mayor parte de ellos en hospitales. Desde el 23 de diciembre, ese triste recuento asciende a 27 mayores.
Acalerte ha puesto en marcha una bolsa de empleo (www.acalerte.com) para contratar personal y «reclutar» desde personal médico y de enfermería, a gerocultoras, cuidadores, terapeutas, cocineros, limpiadores, operarios de mantenimiento... Juez incide en la necesidad de que las administraciones refuercen las dotaciones presupuestarias para la atención de las personas mayores. «Sin una financiación adecuada es imposible mejorar la ratio de personal», remarca.
Ana Redondo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Residencias, apunta que el cierre a visitas y salidas de gran parte de la residencias impide a las familias saber «qué atención reciben, cómo está el personal o cómo de mermadas están las plantillas». «No se avanza nada», lamenta, a la vez que explica que las guías de la Junta recogen el funcionamiento sectorializado de los centros y aún así hay residencias cerradas desde Nochebuena. Redondo demandas más obligaciones y menos indicaciones por parte de la Junta, pensando en los mayores. «Son los que pagan por todos. No hay restricciones para nadie salvo para ellos», argumenta.
Las tensiones que genera la falta de personal han llevado al Sindicato de Enfermería (Satse) a denunciar la situación que están viviendo esas profesionales en las residencias y centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta en Valladolid. «Se está despidiendo a personal de enfermería en unos centros en los que se están enfrentando otra vez a la pandemia sin personal suficiente y con numerosas plazas de enfermeras sin cubrir», explicó Inmaculada Izquierdo, secretaria provincial del sindicato.
«Tienes enfermeras y no las fidelizas, las mandas a apuntarse al Ecyl diciendo que las vas a llamar en unos días, cuando ya les puede haber contratado desde Sacyl». Servicios Sociales y Sacyl son dos organismos de la propia Junta, pero en el sanitario las condiciones laborales y retributivas son significativamente mejores que en el que gestiona las residencias. Eso conlleva, apunta Izquierdo, un cambio continuo de descansos y turnos. «Con el agravante de que aún no nos han reconocido el exceso de jornada que hicimos en 2020 con la pandemia y hemos tenido que denunciar en la Inspección de Trabajo», remarca la dirigente de Satse.
Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad, que dirige Isabel Blanco, manifestaron ayer que «los centros propios se están cubriendo con total normalidad y sin dificultad las bajas. Además, la ratio de trabajadores en dichos centros supera con mucho la ratio legalmente establecida».
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