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Ya conocemos la cara más amarga de la covid en materia sanitaria. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) le ha ... puesto cifras en sus aspectos sociales y vitales. El porcentaje de personas que sufren pobreza material severa creció en un 57% en Castilla y León en los nueve primeros meses de pandemia (marzo-diciembre 2020). Ya la sufren 86.000 personas, un colectivo al límite al que se han incorporado en este último año 31.000 personas que han pagado la factura más dura de los recortes y limitaciones de la crisis económica provocada por la sanitaria.
Dentro de las diferentes capas de pobreza, la severa la sufren las familias que no pueden permitirse una serie de opciones básicas como comer carne, pollo o pescado cada dos días, calentar su vivienda o sufren retrasos habituales en el pago de sus gastos de vivienda. Es la llamada Tasa AROPE, un sistema de medición europeo de las posibilidades reales de vida que tiene en cuenta siete parámetros reales. Además de los citados, otros son el acceso a unas vacaciones una vez al año (el 28,2% no puede), la posibilidad de afrontar un gasto imprevisto (35,4% le sería imposible) o disponer de un ordenador personal (sorprende que solo el 6,5% digan que carecen de el).
En este umbral se encuentran 132.000 personas en la región. Ciudadanos que tienen que vivir con menos de 553 euros de renta al mes. Es como si todos los habitantes de la capital leonesa tuvieran que malvivir así.
Esa cifra se multiplica por tres se le sumamos las diferentes capas de pobreza, aquellas en las que se suavizan un poco vidas de penurias y carencias. Así, en la comunidad hay otros 363.000 habitantes que son directamente pobres.
Son 474.000 personas (no muy lejos de la población completa de la provincia vallisoletana) que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. A este colectivo, se han incorporado casi de golpe unas 73.000 personas más en menos de 12 meses, para completar el que un quinto de los ciudadanos de la comunidad (19,8%) esté en dificultades para vivir el día a día.
La sección regional de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza la forman 20 entidades que trabajan en red para combatir esta lacra. Con motivo de la celebración mañana del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza presentaron su informe regional en paralelo al que analiza la realidad del resto de autonomías y del país.
La aparente mejor evolución que en el resto de la península no puede ser un consuelo. En Castilla y León el riesgo de pobreza ha subido en el último año un 3,1% (es decir, un 18,7% respecto al porcentaje previo del colectivo con carencias). Y, aun así, es 6,6 puntos inferior a la media del Estado, que alcanza un 26,4%. Eso son más de 12 millones de habitantes.
Y esto es aún más llamativo si se aplica el factor corrector de la 'miseria covid'. La privación material severa en España ha crecido un 49%, casi nueve puntos menos que en Castilla y León.
En términos comparativos, la región «sigue manteniendo mejores condiciones en relación al resto del territorio español», recuerda el informe. De hecho es la quinta comunidad autónoma con mejor comportamiento en la evolución de la Tasa AROPE.
La EAPN se acercó a la sede de las Cortes regionales para situar en el tejado de las instituciones la obligación de luchar contra esta realidad. «No son datos duros. Son muy duros», remarcó el presidente del Parlamento regional, Luis Fuentes, al presentar en acto que contó también con varios portavoces de los distintos grupo políticos de la soberanía regional.
«Tenemos la necesidad de que esta situación sea no solo entendida sino también atendida por las instituciones», remarcó el presidente de la Red, Óscar Castro Vega. También recordó que este colectivo de oenegés que trabajan en red llevan 11 años elaborando este informe, los suficientes para tener claro que «los retos sociales son cada vez más transversales e interdependientes entre todos».
Respecto a los niveles de renta, el informe rompe tópicos respecto a que tener trabajo o cobrar una pensión garanticen condiciones dignas de vida. El incremento de la renta media por unidad de consumo (ya sea familia o personas individual) no ha sido homogéneo para todas las personas, lo que se traduce en un aumento de esa brecha de desigualdad que tanto preocupa entre las entidades del llamado Tercer Sector (servicios sociales).
Y entre los pobres también hay escalas. Porque los datos demuestran una disminución de la población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes, que pasa del 35,6% al 34%. Un dato genérico que esconde una realidad soterrada, «el gran aumento de las personas que se encuentran en el mayor grado de dificultad, que se ha doblado sobradamente», lamenta 'El Estado de la Pobreza en Castilla y León: 2008-2020'.
En los hogares con baja intensidad de empleo (aquellos con menos del 20% de su potencial laboral en el mercado activo), el 7,9% de los menores de 60 años está afectado por la precariedad laboral, ya sea por tener contratos por horas o trabajos temporales. Es un cálculo obtenido con datos de 2019, por lo que tampoco se reflejan los efectos de la pandemia. De los 126.000 castellanos y leoneses en esta situación, el 53% es mujer. La feminización de los riesgos de pobreza subyace en todos los datos que se manejan en este estudio. «No basta con políticas activas de empleo. Tener un trabajo no basta para salir de la pobreza», advirtió Rebeca Madruga, coordinadora del informe.
Y otro tanto sucede con las pensiones. Avanza camino del cuarto de millón de pensionistas (240.159 personas), la cifra de los que reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, más de un tercio (39,2%) de todas las pensiones contributivas de Castilla y León están por debajo del umbral de pobreza que se situó en el año 2020 en 688 € al mes (14 mensualidades según el 60 % de la mediana de renta). Lo más llamativo es que casi la cuarta parte de esa cifra, 62.500, se han incorporado en un solo año: el último.
La realidad de las clases pasivas en la región más envejecida de España se agrava mucho más entre las personas con pensiones de viudedad. Más de la mitad de quienes las reciben (54,2%)se encuentra en esta situación. Y una inmensa mayoría son mujeres. Una prueba más de esa 'feminización' de la pobreza tan presente en casi todos los parámetros que refleja.
Tras el informe, desde la EAPN advirtieron contra los nuevos riesgos que asoman. «Habrá que estar atentos a los efectos de la pandemia. Sus efectos apenas se han puesto de manifiesto. Y también es difícil prever los efectos futuros de retos como los precios la luz», advirtió Madruga.
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