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Vuelve esta semana la actividad a las Cortes y será para garantizar que la plantilla de empleados públicos de la Junta de Castilla y León y los altos cargos del Gobierno autonómico cobran unas nóminas que reflejan el incremento salarial de 2%, que se contempla ... a nivel estatal. La medida tiene efectos con fecha de 1 de enero.
El anticipo electoral que firmó Alfonso Fernández Mañueco el 20 de diciembre dio al traste con el presupuesto autonómico para 2022, lo que ha conllevado la prórroga de las cuentas de 2021. Para hacer efectiva la subida salarial, el Ejecutivo del PP se ha visto obligado a aprobar un decreto-ley, que se publicó en el Boletín Oficial el 21 de enero y entró en vigor el 22.
Pero esa regulación de urgencia precisa el refrendo por parte de las Cortes, que están disueltas, por lo que esta semana se ha activado la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara (órgano que vela por las funciones del parlamento en periodos de 'vacaciones parlamentarias' o, como el actual, previos a las elecciones) para ratificar ese decreto-ley y hacer efectiva la subida retributiva en la Administración autonómica. Ese incremento de sueldo se aplicará a los empleados de la Junta, primera empresa de la comunidad en número de trabajadores al situarse en cifras del entorno de 90.000 nóminas, y también al presidente, los consejeros y el resto de altos cargos.
La necesidad de poner el 'último sello' al decreto-ley ha obligado a reactivar la agenda institucional de las Cortes en plena campaña electoral. La sede del parlamento, que acogió la noche de este lunes el plató televisivo del primer debate entre los tres candidatos con grupo parlamentario (PSOE, PP y Cs), ha celebrado este martes una Junta de Portavoces para dar trámite a la ratificación de esa regulación, que ha tomado la decisión de convocar a la Diputación Permanente para el jueves.
No es la primera vez que se utiliza la vía del decreto-ley, que se aplica para cuestiones de «extraordinaria y urgente necesidad», para hacer efectiva una subida salarial ante una prórroga presupuestaria. La Junta lo hizo también en 2020, cuando se volvió a prorrogar el presupuesto de 2018.
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