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M. J. Pascual
Valladolid
Sábado, 17 de agosto 2019, 21:55
El Parlamento de Castilla y León paga al año en dedicaciones exclusivas más de dos millones de euros y destina al resto de los procuradores de a pie algo más de 1,2 millones de euros en concepto de compensaciones por asistencia a plenos, comisiones ... y dietas.
La Mesa de las Cortes decidió por mayoría el pasado 2 de julio, nada más enfilar la X Legislatura, mantener estas retribuciones pero subir un 10% los emolumentos que iban a percibir los grupos políticos por cada procurador, así como el dinero que les corresponde al constituirse como formaciones parlamentarias para ir «recuperando» las cantidades rebajadas desde 2010 por la crisis. A partir de ahora cada grupo, para su funcionamiento, cobra la cantidad fija al mes de 3.850 euros, a lo que hay que sumar 3.660 euros por cada procurador que tenga en sus escaños. La asignación global al mes por este concepto es de 311.860 euros. En esa misma reunión previa a las vacaciones estivales, se decidió no tocar las retribuciones de los miembros de esa Mesa y de los liberados. De los 81 procuradores que componen el nuevo parlamento autonómico, los 25 con dedicación exclusiva percibirán, en retribuciones e indemnizaciones por gastos, un total de 2.182.103 euros al año, cifra que se replicará cada uno de los tres años más que dura el periodo político hasta las siguientes elecciones autonómicas de 2023, si no hay antes un cataclismo político que cambie el tablero.
Aunque no todos los 25 procuradores con dedicación exclusiva van a cobrar lo mismo al mes. Los que más perciben se sientan en la cúpula de la institución y están al frente de las portavocías de los grupos políticos. Cada uno de los seis integrantes de la Mesa de las Cortes se embolsará, como retribución íntegra, 73.211 euros brutos al año, a los que hay que sumar los 21.600 euros en concepto de indemnización por gastos varios. Comidas de trabajo, alojamiento, desplazamiento aunque vivan en Valladolid y hasta libros de consulta, pues tampoco está especificado en el artículo 8.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León qué conceptos entran dentro de «las compensaciones e indemnizaciones por gastos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones». Es como un sobresueldo libre de impuestos.
No hay diferencias en los emolumentos que cobra el presidente, Luis Fuentes (Ciudadanos), con los de los dos vicepresidentes, primero y segunda, el popular Francisco Javier Vázquez Requero y la socialista Ana Sánchez, que repite en la Mesa, y los secretarios primero, segundo y tercero: José Francisco Martín (PSOE), Óscar Reguera (PP), quien también sigue, y Marta Sanz, de la formación naranja. También los portavoces del PSOE, PP, Ciudadanos y Mixto –Luis Tudanca, Raúl de la Hoz, Ana Carlota Amigo y Pablo Fernández–, cuyas retribuciones se asimilan a los cargos de la Mesa, tienen esa paga de 1.800 euros al mes, de manera que cada uno de ellos se embolsa al año 94.811 euros, 7.900 euros al mes. La única diferencia es que los miembros del órgano que rige el funcionamiento del hemiciclo tienen coche oficial con chófer a su disposición.
En el caso de las medias liberaciones, es decir, los cuatro procuradores sin cargo dentro de los grupos (dos del PSOE y otros dos del PP, éstos, todavía por nombrar) la asignación anual se reduce a 59.648 euros al año y también la paga: 1.440 euros al mes. La excepción, al menos por el momento, es uno de los portavoces adjuntos de Ciudadanos, David Martín, quien ha decidido renunciar a percibir esas retribuciones como liberado y la paga. «Voy a compatibilizarlo con mi trabajo, así que percibiré lo que cualquier otro procurador», explicó el parlamentario, quien apuntó que no es la primera vez en la historia de las Cortes que un liberado renuncia a la retribución que le corresponde.
Los procuradores sin sueldo cobran indemnizaciones. Por cada sesión de pleno (unas 18 al año) perciben 220 euros. También por formar parte de las comisiones parlamentarias, un par de ellas por cada consejería. Y se les abonan los desplazamientos a 0,20 euros por kilómetro. La media de lo que percibe mensualmente un no liberado se calcula en unos 1.450 euros, teniendo en cuenta que enero, julio y agosto no hay actividad en la Cámara, pero hay meses que puede llegar a los 1.900 euros con asistir a dos comisiones y plenos. Además se les paga la Seguridad Social y hay grupos que «completan» el sobre.
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