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Los responsables de la Mesa de las Cortes y los portavoces de los grupos parlamentarios retoman este martes, 10 de enero, la agenda oficial tras el parón navideño y lo hacen para abordar el calendario con el que enderezar, entre enero y febrero, el voto erróneo de PP y Vox ... con el que aprobaron el día 23 de diciembre el paquete de enmiendas que el PSOE presentaba a la Ley de Medidas que acompañaba el presupuesto autonómico de 2023.
Las propuestas socialistas se incorporaron así al texto final, de la mano de las bancadas de PP y Vox (todos salvo tres procuradores populares que votaron en contra), cambiando por completo la redacción planteada por los socios de coalición, con lo que los de Mañueco y García-Gallardo tuvieron que votar finalmente en contra de su propia Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que se quedó sin aprobar y con ella las iniciativas fiscales y los cambios normativos que complementaban las cuentas de 2023.
Desde la desgravación que repescaron PP y Vox en el trámite parlamentario para los bingos al nuevo beneficio fiscal para las familias numerosas. El nuevo texto incorporará sobre estas y otras medidas tributarias el efecto retroactivo a 1 de enero, algo que no podrá hacerse con otro tipo de iniciativas que deberán esperar a la votación, publicación y posterior entrada en vigor.
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El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha citado para el martes a los dos vicepresidentes de la Cámara, a los tres secretarios y al letrado mayor a media mañana y a esa reunión de la Mesa de las Cortes le seguirá otra de la Junta de Portavoces para esbozar el calendario con el que PP y Vox pretenden volver a tramitar, ahora como una proposición de ley, esa Ley de Medidas y enderezar la pifia que supuso votar en sentido contrario a lo que pretendían. El presupuesto en sí, con sus partidas de gastos e ingresos, se votó en las Cortes, se publicó en el Bocyl el día 31 y entró en vigor el día de Año Nuevo. Pero la ley que lo acompaña, con medidas tributarias y administrativas quedó sin aprobar, por ese error de votación PP y Vox, y no será efectiva, previsiblemente, hasta febrero.
Enderezar el rumbo de la normativa presupuestaria obligará a convocar un pleno extraordinario ese mes de enero para admitir a trámite la proposición de ley que impulsarán los grupos parlamentarios de PP y Vox, que se tramitará acortando la máximo los plazos habituales. El texto, sobre el que habían trabajado los procuradores entre finales de octubre y ese fatídico 23 de diciembre, deberá volver a parar por la Comisión de Economía y Hacienda, antes de volver a un pleno en el que se repetirá el debate y volverá a votarse. Esta cita, según avanzaron desde el PP días después de que los dos socios se vieran obligados a 'tumbar' su ley, se intentará poner posiblemente en el primer pleno ordinario de febrero.
Ese voto en contra de PP y Vox motivó una reunión oficial de los miembros de la Mesa de las Cortes y los integrantes de la Junta de Portavoces el pasado 28 de diciembre para hacer posible que en enero pudiera volver a tramitarse la ley. Este mes el «inhábil» a efectos de trabajo político en el parlamento autonómico. Se había habilitado la convocatoria de la Comisión de Economía y Hacienda, como es tradición, para que el presidente del Consejo de Cuentas informará sobre informes de fiscalización que este órgano ha remitido a las Cortes en los últimos meses. Esa habilitación se amplió el 28 de diciembre para incluir la tramitación de la Ley de Medidas.
El despiste de los socios de coalición a la hora de votar las enmiendas de los socialistas y el posterior voto en contra de la Ley de Medidas que acompaña al presupuesto impulsado desde la Junta ha dado lugar a una situación insólita en el ámbito parlamentario. Con repercusión informativa nacional.
La nueva tramitación del texto implica tiempo y pago de dietas y kilometrajes en un parlamento en el que la mayor parte de los procuradores no se dedican en exclusiva al escaño. De partida, ese coste se situaría por encima de los 33.000 euros. La rectificación por parte de PP y Vox de ese voto contra sí mismos requeriría citar a los parlamentarios para dos plenos, una ponencia y una comisión. Un gasto que los socios intentan minimizar. Ángel Ibáñez, portavoz adjunto del Grupo Popular, aseguró que los procuradores de los grupos que sostienen la coalición no cobrarán dieta y ni kilometraje en el pleno que se celebrará en enero, que la comisión de análisis de enmiendas se solapará con otra en la que se citará al presidente del Consejo de Cuentas -o se amplía el orden del día de esa sesión o la tramitación 'bis' de la norma desplazará asunto a otra futura comisión- y que, como el calendario es ajustado, se retrasará a febrero el segundo pleno necesario coincidiendo con una de las sesiones habituales en ese mes.
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