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V. VELA
Valladolid
Miércoles, 4 de noviembre 2020, 14:07
La delegación del Frente Polisario en Castilla y León y las asociaciones que trabajan por la causa saharaui en la comunidad han recibido con «agradecimiento y esperanza» la resolución alcanzada en las Cortes regionales (con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, ... que se abstuvo) para exigir el «cumplimiento escrupuloso» de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Los grupos que han respaldado la proposición no de ley (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, UPL, Por Ávila) han reclamado a la Junta que inste al Gobierno para exigir al Reino de Marruecos el cese de las vulneraciones de derechos que sufre el pueblo saharaui y que se promuevan políticas encaminadas a buscar una solución «justa y definitiva» ante el derecho de autodeterminación mediante referéndum libre y democrático.
María Inmaculada Ranedo (PP) recordó que su grupo defiende «el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y el acuerdo entre las partes bajo el auspicio de la ONU» y subrayó que «el compromiso de la Junta es claro en la medida de su capacidad competencial, y se cumple a través de la ayuda humanitaria, con ayudas a los campos de refugiados».
Luis Fernández (PSOE) insistió en que «el exilio no puede ser algo permanente». «Llevan 45 años viviendo en campos de refugiados, donde 170.000 saharauis habitan en un inmenso territorio de cientos de kilómetros de arena», en unas «malas condiciones alimentarias y sanitarias». «A estos problemas se ha unido la pandemia, que ha incrementado las precarias condiciones en las que viven estas personas y que ha provocado que muchos refugiados hayan perdido su trabajo y otras fuentes de ingresos, y que ha hecho que se suspendiese, por ejemplo, la actividad Vacaciones en Paz, por la que cientos de niños pasan sus veranos en España, huyendo del calor del verano», defendió Fernández en las Cortes.
José Ignacio Delgado (Ciudadanos) ensalzó el compromiso de las familias de Castilla y León implicadas en el programa Vacaiones en paz. Laura Domínguez (Podemos) insistió en que «España tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui y es urgente que toda Europa reconozca el derecho a la autodeterminación de un pueblo que ha perdido su territorio hace décadas». También Luis MarianoSanto (UPL) apeló a ese derecho y Pedro JoséPascual (Por Ávila) apuntó que la situación se ha complicado en las últimas semanas, ya que «la población saharaui se ha desplazado a la brecha ilegal del Guergarat, situada junto a la frontera con Mauritania. Un territorio liberado por las tropas saharauis en la década de los 90 y que Marruecos ha decidido abrir de nuevo la brecha, con lo que esto supone, pues es un punto clave por donde entran las mercancías y se produce el saqueo de los recursos naturales del Sáhara occidental».
La resolución alcanzada por las Cortes insta al Gobierno central a que «exija al Reino de Marruecos el escrupuloso respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui». Además, reclama el aumento de cooperación y la ayuda humanitaria con el pueblo saharaui , así como que se «promuevan las iniciativas políticas necesarias, encaminadas a lograr una solución justa y definitiva, en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, mediante un referéndum libre y democrático, como paso final al proceso de descolonización inacabado».
El delegado saharaui en Castilla y León, Mohamed Labat, ha calificado esta proposición no de ley en las Cortes regionales como «un firme respaldo a la causa saharaui», en un momento además complicado. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado viernes la renovación por un año más del mandato de la Minurso (la misión de paz desplegada en el Sahara occidental desde 1991). Lo ha hecho con una resolución casi calcada de la del año anterior y en la que se reproducen las buenas palabras, leves críticas a los dos rivales y ninguna decisión que saque al conflicto del punto muerto, informa Efe.
En el plano operativo, la Minurso llegó con la misión de organizar un referéndum de autodeterminación entre los saharauis que nunca pudo llevarse a cabo por discrepancias sobre el censo de votantes saharauis; desde hace más de diez años, el único papel de la Minurso es el desminado de la zona y la comprobación del respeto al alto el fuego. El Frente Polisario lamentó, en un comunicado, que no se fijen «acciones concretas que permitan salir de la parálisis y cumplir finalmente con el mandato para el que fue concebida en 1991». «La Secretaría (General) de la ONU y el Consejo de Seguridad también deben reconocer que su propia inacción está contribuyendo al deterioro de la situación sobre el terreno, incluidas las continuas violaciones de derechos humanos que sufre nuestro pueblo, la persistencia de la brecha ilegal marroquí en Guerguerat y las continuas violaciones, por parte del estado ocupante y otros países», añade el comunicado del Frente Polisario.
Como protesta ante esta «inacción», activistas saharauis bloquean desde hace semanas el paso fronterizo de Guerguerat, en el extremo sur del Sahara Occidental, lo que impide la conexión de camiones marroquíes hacia Mauritania.
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