Las Cortes, sin cafés a 1 euro, con la cafetería cerrada desde el 17 de febrero

El proceso de licitación se ha atascado con el recurso de una de las dos firmas que presentaron oferta y ese conflicto, centrado según apuntan fuentes parlamentarias en dirimir si se ha inaplicado correctamente el criterio de falta de solvencia técnica a la empresa que había quedado en primer lugar, por lo que se ha adjudicado finalmente a la segunda. «La empresa que fue adjudicataria en primer lugar y excluida por falta de solvencia técnica, presenta recurso ante el tribunal especial de recursos contractuales de las cortes que está pendiente de resolución. En tanto no se resuelva el procedimiento está suspendido y el servicio no puede prestarse», indican fuentes oficiales de las Cortes. Confían en agilizar la resolución, con plenas garantías de seguridad jurídica en la adjudicación.

Ese recurso mantiene en suspenso el proceso y la paralización de la contratación ha desembocado en el cierre del recinto hostelero y el envío a un ERTE de los trabajadores que atienden una cafetería de la que dependen siete familias. A la espera de que el Tribunal de Recursos Contractuales que el propio parlamento autonómico tiene constituido (formado por una letrada y un procurador del PP y una procuradora del PSOE) para dirimir conflictos en la contratación de suministros o servicios resuelva el recurso interpuesto, los que han notado el cierre de la cafetería parlamentaria son los negocios del entorno, con más actividad. Sobre todo en jornadas como la del pasado martes, con un pleno fijado para las cinco de la tarde.

El contrato de la cafetería parlamentaria tiene sus peculiaridades. Es un servicio que se considera deficitario, al impedirse por cuestiones de seguridad la entrada de clientes de la calle. Eso deja a la empresa que gestiona la cafetería con una clientela potencial reducida, y fluctuante en función de si hay o no pleno, de 81 procuradores, una plantilla de poco más de un centenar de funcionarios, a los que se suma el personal eventual de asesores y de los grupos parlamentarios, las visitas y los profesionales de los medios de comunicación que cubren la información parlamentaria.

El Parlamento 'contrata' y paga esa prestación hostelera. Las Cortes sacaron a licitación el contrato que está ahora en cuestión por 123.966,94 euros para un periodo de dos años. El plazo para presentar ofertas acabó el 13 de enero y el 17 de abrieron las dos que concurrían, en las que los aspirantes ajustaban esa cifra y debían explicar detalladamente pormenores de la oferta de servicios que se comprometían a prestar en productos de menús, barra, desayunos, actos con cátering, comidas en comedores reservados o las meriendas para los niños que acuden a la ludoteca las tardes de pleno, además de explicitar el precio de consumiciones o de bonos de 10 menús.

El contrato de la cafetería se renueva cada dos años. «Normalmente va como un reloj», indican fuentes parlamentarias, para explicar que los pliegos (muy pormenorizados) y los plazos se preparan con tiempo suficiente para que si hay cambio de empresa se produzca una transición sin sobresaltos, con la subrogación del personal.

Las Cortes ponen a disposición del adjudicatario de la cafetería el espacio y la maquinaria (recientemente han arreglado la máquina del hielo y varios electrodomésticos de la cocina) y corren con gastos de suministro como agua o electricidad, pero la empresa tiene limitada su actividad al uso estrictamente parlamentario.

El pliego de licitación establece pagos de contrato mensuales, a mes vencido.