Las Cortes afrontarán sin dificultad el pago de más dinero a los grupos políticos

La prórroga presupuestaria implica la traslación automática de las partidas del 2018. La que las Cortes consignó para las asignaciones a los grupos parlamentarios contempla 3.558.267 euros y figura en el área de transferencias corrientes «a familias e instituciones sin fines de lucro». Con las cifras facilitadas el miércoles tras la reunión de la Mesa, el montante mensual pasará de 295.120 euros a 311.860, lo que en términos anuales supone variar de 3.541.440 euros a 3.742.320.

Esos 3,74 millones de euros serían la cifra de un año completo, pero en la práctica la subida de fondos se aplicará seis meses, con lo que los grupos parlamentarios se repartirán 3,65 millones de euros a lo largo de este ejercicio, cuantía que supera la de partida presupuestada.

Los pagos con la tarifa mejorada empezarán sin problema en un hemiciclo con un grupo parlamentario menos, al haber perdido Podemos el suyo, y al que el descenso de población ha restado tres escaños. En términos contables, eso aporta liquidez a la caja. Desde el área de la Presidencia de las Cortes, que ha asumido el procurador de Cs Luis Fuentes, apuntan que no será hasta finales de año, una vez concretados esos ajustes, cuando se puede plantear tener que modificar la partida en una institución que cierra balance en diciembre habitualmente con remanentes. Esos sobrantes se devolvían a la Junta en los tiempos de la crisis (2011-15), con Josefa García Cirac como presidenta del parlamento, pero no los últimos años.

El reparto de fondos está marcado por el número de escaños. Hay una cuantía fija, que pasa de 3.500 euros al mes a 3.850, y otra variable, por procurador, que sube de 3.300 a 3.650 euros. Esta última es la decisiva. Los partidos utilizan ese dinero, con total libertad, para gastos de su actividad parlamentaria o política, bien en las propias Cortes bien en las sedes autonómicas. En la del PP de Castilla y León de la calle María de Molina de Valladolid figura también que es del grupo parlamentario. Ese dinero permite contratar personal que presta apoyo técnico o administrativo.

Un buen resultado electoral supone holgura económica. Un batacazo en el escrutinio se traduce en apuros serios. Podemos ha prescindido del grupo de colaboradores en nómina que asistía a sus procuradores, según confirmó ayer Pablo Fernández, portavoz ahora del grupo mixto. El otro gran afectado es el PP, promotor de la propuesta de incremento de asignación. El grupo que preside Alfonso Fernández Mañueco percibía hasta ahora por sus 42 procuradores 138.600 euros mensuales, cifra que se sitúa, con 29, en 106.140 euros. Ya con la mejora en la asignación que han logrado.

Fuentes populares reconocen que están en proceso de adaptarse a esta nueva situación y que ese ajuste en los ingresos conlleva una reducción de gastos «en todos los ámbitos». El último de ellos, y al que esperan no tener que recurrir, pasaría por despidos. La asignación al grupo sufraga nóminas de empleados con lustros de relación laboral en las Cortes (cinco o seis, según distintas fuentes), pero también algún contrato de la sede autonómica. Por ese proceso se vio obligado a pasar el PSOE hace cuatro años, que tuvo que prescindir de dos personas. «Esos despidos fueron dolorosos. Cuando nos pudieron atenazar (el PP), nos atenazaron bien y ahora a ellos les tienen que buscar solución», critica un dirigente socialista.