Vox convierte la Consejería de Empleo en su ariete político entre críticas por déficit de gestión

La puesta en práctica de esas prioridades por parte de Veganzones ha permitido al vicepresidente Juan García-Gallardo marcar territorio en la Junta respecto al presidente Alfonso Fernández Mañueco y al PP. Primero fue el anuncio del recorte de 20 millones en programas acordados en el Diálogo Social con CC OO, UGT y CEOE, que García-Gallardo hizo público en víspera de ir a un mitin a la campaña andaluza de Macarena Olona y que pilló a Mañueco a contrapié, en un acto en Madrid.

Esa decisión fue la primera de una guerra abierta contra el Diálogo Social, que muestra claramente dos posiciones en la Junta: la de las consejerías del PP, que cumplen los acuerdos, y la de Empleo, de Vox, que hace lo contrario, declarándose en rebeldía frente a programas firmados y con presupuesto. Luego llegó el calendario laboral de 2022, con una propuesta en agosto, que corregía la tramitada semanas antes desde la propia consejería por el equipo de Veganzones, para fulminar el 23 de abril e incorporar Santiago. Después, la foto a las puertas de la central nuclear de Garoña, con la propuesta de reapertura y la decisión de que esa consejería impulsase un estudio de viabilidad, en una materia, la energía, que es competencia de la Consejería de Economía y Hacienda, del PP.

Mariano Veganzones ha tomado todas esas decisiones entre críticas continuas por el déficit de gestión y la posible pérdida de ingresos estatales que habrá que devolver si no se emplean en una consejería que tiene entre sus prioridades los programas de atención a desempleados (119.626), trabajadores, autónomos y comercio, con el equipo directivo que diseñó en primavera en precario, con bajas, y con puestos de funcionarios claves en el apoyo a la dirección vacantes.

El martes 4 de octubre salió el paro registrado en Castilla y León en septiembre con ese dato de 119.626 desempleados. Esa mañana, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba que quedaba desierta la convocatoria de la plaza de letrado jefe de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, puesto de funcionario técnico del primer nivel vacante desde mayo, en una consejería que tardó mes y medio en cerrar el organigrama. Fue la última en hacerlo, junto con Agricultura, también de Vox. Dirigentes del partido reconocieron que han tenido que recurrir a empresas para buscar perfiles para esos puestos. Y a los 11 días de cerrar el organigrama cesó el gerente del Ecyl y en septiembre el viceconsejero.

Desde la oposición achacan esos 'huecos' al viraje político que ha dado la consejería, opinión que comparten en privado dirigentes del PP. Algunos de estos últimos no ocultan su preocupación por el devenir del Ecyl. «Parece que ahora no hace falta un gerente, debe ser que hasta ahora hemos sido muy torpes», comenta con ironía un dirigente popular. Mariano Veganzones, desde cuyo departamento han declinado estos días valorar la gestión desarrollada por la consejería, defendió en septiembre «la normalidad absoluta» en el funcionamiento de la consejería que está sin gerente del Servicio Regional de Empleo (Ecyl) desde junio y sin viceconsejero tras la vuelta de agosto. Este último cese lo justificó el consejero en una reestructuración de las áreas de la consejería que debe firmar Alfonso Fernández Mañueco. Algo que hoy todavía no se ha producido.

Entre tanto, las funciones de gestión del Ecyl, órgano con 1.037 empleados (a fecha de diciembre de 2020), 54 oficinas de Empleo y 8 centros de formación, y las que recaían en el viceconsejero saliente las ha asumido el propio Mariano Veganzones, apelando a su conocimiento personal «amplio y extenso» del Ecyl, con una trayectoria laboral vinculada a este órgano, la consejería y el CES.

«Las políticas activas de empleo en Castilla y León están ahora en las mejores manos posibles», resaltó el consejero en el último pleno de las Cortes. Enfrente, la procuradora socialista Alicia Palomo aseguraba que 2022 es el año en el que han llegado a Castilla y León más ingresos para incentivos a la contratación y formación desde el Gobierno de España, 173 millones de euros, desaprovechados por una consejería dedicada a «cazar comunistas».

Palomo citó programas sin convocar en cualificación y recualificación de trabajadores y otros, como el que permite a Ayuntamientos contratar personas con dispacacidad, tramitados tarde y que hacen imposible cumplir «con los 90 días que marcan las bases». Ese déficit de gestión «niega la posibilidad de trabajar» a personas que buscan un empleo, reprochó la socialista. La demora en este programa ha generado desazón en asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Entiende que no va a ser efectivo porque no hay tiempo material para publicitar los apoyos y que se plasmen en contratos.

Desde CC OO, Saturnino Fernández, secretario autonómico de Políticas Públicas y Diálogo Social, cifra en más de 35 millones los fondos de programas que no ha convocado una Consejería de Empleo que funciona «'manu militari', como un rodillo, incumpliendo acuerdos firmes». Cita entre las convocatorias afectadas la línea para obras y servicios con la que los ayuntamientos contratan desempleados y la de orientación de desempleados, con 11 millones de dotación cada una, pero también para reciclaje de ocupados, formación de técnicos de patronal y sindicatos para negociar convenios colectivos, el programa de visitas a empresas para prevenir accidentes laborales, el de incentivo al ascenso profesional de mujeres, el de los técnicos de igualdad en entidades locales o el de los técnicos de impulso rural, además de las cátedras con las cuatro universidades públicas sobre sindicalismo, prevención de riesgos laborales, mediación y ciberseguridad en el entorno laboral.

«Todas las líneas que tenían algo que ver con igualdad no se han convocado y la parte de impulso al empleo local o no ha salido tampoco o han salido tarde», resume Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGT Castilla y León. «Ahora no hay órgano alguno en el que haya un trabajo previo con posibles propuestas, prima la imposición política y la degradación», apunta el dirigente ugetista, que traslada su preocupación por el Ecyl.

Desde la patronal autonómica, CEOE Castilla y León, señalan que la llegada de Veganzones a la consejería ha puesto «en entredicho» un engranaje de apoyos vitales para empresas y trabajadores asentado en una experiencia de años, generando una «sensación de dudas» sobre si van a convocarse o no las líneas de apoyo y en qué condiciones. «Entendemos que puede haber nuevas políticas, pero mientras se revisan hay que trabajar. No entendemos el adanismo de que todo lo anterior no sirve porque lo suyo es lo único que está bien», valora David Esteban, secretario general de CEOE Castilla y León. El dirigente de la patronal destaca la ausencia de propuestas por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en un ambiente «embarrado con el tema político».