El Consejo de Cuentas audita 85 contratos de la Junta y superan la fiscalización sin deficiencias catorce

Los autores del informe encuentran casos en los que hay defectos en los criterios de adjudicación o se aplica de forma incorrecta la fórmula de valoración, pero también expedientes de contratación urgente en los que esa urgencia no se justifica correctamente, composición inadecuada de la mesa de contratación, procedimientos negociados sin que conste una negociación, resoluciones de adjudicación sin la «suficiente motivación» e incumplimientos de plazos, entre otras deficiencias.

El Consejo de Cuentas efectúa todos los años un informe sobre la contratación de la Junta. Es una de las auditorías obligatorias por ley. La Administración autonómica firmó en el año de inicio de la pandemia 3.390 expedientes por un valor de 960 millones de euros. De estas cifras está excluida la contratación menor, que son aquellos expedientes cuyo presupuesto no supera los 40.000 euros, si se trata de una obra, o los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios. Sobre esos 3.390 contratos, los técnicos del Consejo de Cuentas seleccionan una muestra con licitaciones de todas las consejerías. El informe refleja que la Junta «cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan al principio de publicidad y transparencia». Esto último es clave para garantizar la concurrencia en igualdad de las empresas y, con ella, la contratación más adecuada por coste y solvencia.

El informe del Consejo de Cuentas, depositado en las Cortes en febrero y pendiente de que arranque de forma efectiva la actividad parlamentaria para que Mario Amilivia (presidente del Consejo) dé cuenta de él en la Comisión de Economía y Hacienda, da un toque de atención a la Junta por no incluir en los pliegos de contratación que primen mejoras sociales o medioambientales. «37 expedientes de la muestra no han incluido condiciones especiales de ejecución de naturaleza social, medioambienteal, etc., incumpliendo el artículo 202 de la Ley de Contratación del Sector Público», recoge textualmente el informe, además de añadir que esa incidencia «afecta a once de las dieciséis entidades» de las que se han analizado contratos: consejerías y entes públicos autonómicos como la Gerencia Regional de Salud, al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) o el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE, antigua ADE).

A la cabeza de los catorce contratos que superan sin mácula la inspección del Consejo de Cuentas se sitúan el del edificio del parque de proveedores de Renault en Valladolid, adjudicado por el ICE por 9,8 millones de euros, y el de la Escuela de Arte de la capital vallisoletana. Este último expediente es responsabilidad de Educación y el montante de la obra supera los 7,6 millones de euros. A esos contratos se suma otro de Economía y Hacienda, por 2,4 millones, precisamente para el mantenimiento de servicio de gestión de la contratación. Los once restantes que salvan con holgura la auditoría son de cuantías que no llegan al millón de euros. Los hay de envíos postales, de suministro de crotales para marcar al ganado, de transporte de enseres de la sede central de la Consejería de Sanidad o la campaña de Tierra de Sabor en las redes sociales. Este último valorado en 42.834 euros.

A la carpeta de los expedientes que no superan la prueba del Consejo de Cuentas van, entre otros, el contrato del edificio del polígono abulense de las Hervencias adjudicado por el ICE en 27,75 millones de euros y el regadío del sector XVII de la subzona de Payuelos, que tramitó el Itacyl por 25,17 millones.