El Consejo de Cuentas audita 84 contratos de la Junta y detecta deficiencias en 69
El organismo de Castilla y León halla incumplimientos en la valoración de las ofertas y pide a Sacyl reforzar «la objetividad en los criterios de adjudicación»
La fiscalización de 84 contratos formalizados por la Junta en 2018 y 2019 ha dado como resultado deficiencias en 69 procedimientos, que van desde ... cálculos erróneos en el valor estimado del contrato a una deficiente o nula acreditación de la solvencia económica o técnica de las firmas aspirantes o una incorrecta ponderación de la oferta económica. Este último supuesto se produce en 24 de los expedientes examinados por los auditores del organismo que hace las veces del Tribunal de Cuentas en el ámbito autonómico y que preside Mario Amilivia.
El resultado del informe, con solamente 15 de los 84 contratos analizados superando el análisis sin contratiempo alguno, puede parecer demoledor, pero es el mejor de los últimos años .La fiscalización de 2017 concluyó con defectos en 60 de las 70 contrataciones evaluadas y la de 2013, en 65 de una muestra similar, de 70 expedientes.
El Consejo de Cuentas ha trasladado a las Cortes el informe conjunto sobre los años 2018 y 2019. La muestra de 84 contratos seleccionada por los técnicos del organismo de control sumaba un importe de licitación de 249 millones de euros, sobre un total de 5.879 expedientes tramitados en los dos ejercicios por las consejerías de la Junta y sus entes públicos, por valor de 1.471 millones de euros.
El informe refleja que los gestores autonómicos cumplen «razonablemente con la legalidad aplicable», pero detalla «salvedades» que afectan, entre otras cuestiones, al «principio de publicidad y de transparencia» que exige la normativa de contratos. Los auditores encuentran defectos de justificación de la elección de tramitación de urgencia y emergencia, procedimiento que acorta los plazos.En uno de ellos ni siquiera se formalizó la firma una vez culminada la licitación ultrarrápida de emergencia.
Algunos de los fallos detectados se repiten todos los años. El Consejo de Cuentas recomienda a la Junta que sea especialmente cuidadosa en asegurarse de la solvencia financiera y profesional de los licitadores. Un consejo que hace expresamente a la Consejería de Agricultura y a la Gerencia Regional de Salud. A este último organismo, el que mueve más dinero en contratación de suministros, le insta a «reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación» con unos pliegos de detallen suficientemente los baremos que se van a tener en cuenta.
Entre las quince contrataciones que superan la prueba del algodón del Consejo de Cuentas sin mancha alguna se encuentra una restauración ambiental en el municipio soriano de Golmayo, el suministro de 400 portátiles para centros educativos o la vigilancia del Monasterio de Prado o el edificio de Familia en la calle Mieses de Valladolid.
En el contingente de contratos deficientemente tramitados destaca el de construcción de un edificio industrial en el Parque de Proveedores de la Automoción en Valladolid, licitado en 14,4 millones por el ICE; obras de regadíos en La Armuña (Salamanca), promovidas por el Itacyl por valor de 29 millones; un contrato de 17 millones de euros para compra de pañales, de Sacyl; o la construcción del instituto de Secundaria de La Cistérniga, valorado en 6,4 millones de euros.
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