El Consejo de Cuentas alerta sobre el déficit en ciberseguridad de los ayuntamientos de Castilla y León

«Durante la evaluación de los controles básicos de seguridad los resultados reflejaron deficiencias generalizadas en la implantación de la mayoría de los controles, no alcanzando ningún ayuntamiento un nivel de seguridad adecuado», incide el Consejo de Cuentas, que efectuó 50 recomendaciones orientadas a mejorar la ciberseguridad de los ayuntamientos sometidos a evaluación.

«Los casos de ciberataques al Servicio Público de Empleo Estatal o a la Diputación Provincial de Segovia, que paralizaron durante semanas su actividad, son ejemplos de lo necesario de estas revisiones en el marco de la auditoría operativa, no limitada exclusivamente a los sistemas de información contable y financiera», explicó Amilivia.

«Si atendemos a las cifras oficiales, en 2019 se detectaron 3.172 ciberincidentes de peligrosidad muy alta, mientras que en 2020 se han duplicado. El Centro Criptológico Nacional ha detectado 82.530 incidentes durante 2020, mientras que en el año anterior se reportaron en torno a 43.000», detalló. Por ello, el efecto que se busca con las auditorías informáticas es el de «gota de aceite» para expandir la cultura de la ciberseguridad. «De hecho, estamos verificando que tras estas primeras fiscalizaciones otros ayuntamientos empiezan a contratar soluciones o a organizar servicios internos. Queda un largo camino que recorrer, pero no es algo optativo. La fiabilidad de la información de nuestras administraciones, que es la de los ciudadanos, está en juego», remarcó.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha analizado la gestión tributaria de las nueve diputaciones en el 2019, que cobran los recibos de unos 2.200 ayuntamientos de Castilla y León. Es un servicio sensible, que afecta a los vecinos del medio rural. De los informes explicados en las Cortes este lunes por el presidente del Consejo, Mario Amilivia, se puede concluir que la situación es dispar, con fallos y deficiencias que han dado lugar a más de 90 recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas, entre ellas la de potenciar el pago telemático y el asesoramiento telefónico.

Los auditores han detectado, por ejemplo, una tendencia a externalizar cuestiones en la Diputación de Ávila, frente a la gestión directa, que recomiendan variar dado que la recaudación es una potestad «pública». Y en Burgos, se ha promovido la contratación con entidades financieras de servicios recaudatorios y desde el Consejo de Cuentas se llama a vigilar que «no sean remunerados». Ávila, Salamanca y Valladolid tienen un organismo exclusivo de recaudación, en el resto está función se desarrolla dentro de los servicios de la institución provincial.

«Las actuaciones de comprobación y verificación se efectúan muy escasamente por las diputaciones», aseguró el presidente del Consejo de Cuentas. Amilivia destacó el elevado grado de recaudación en el periodo voluntario de pago, con una recaudación total de 476 millones en 2019, pero alertó sobre las deficiencias de la gestión cuando se entra en el periodo de pago forzoso, en la vía ejecutiva. Eso lleva a que «todas (las diputaciones) tienen deudas elevadas pendientes de ejercicios anteriores», remarcó. El análisis dibuja un panorama de bajo número de actuaciones de apremio y embargo y elevado número de asuntos que declaran incobrables y de casos en los que algunas instituciones pasan el coste de las gestiones de recibos en la vía de apremio a los ayuntamientos, cuando lo correcto es que el destinatario sea el ciudadano moroso..