El Consejo de Cuentas alerta de que la Junta deberá amortizar 5.930 millones de deuda pública en cinco años

Amilivia ha apuntado el fuerte crecimiento de la partida de endeudamiento desde el inicio de la crisis. De los 2.608 millones que sumaban préstamos y emisiones de deuda en 2009 a los 11.299 actuales. El cierre de 2016 fue mejor que el de 2017. El análisis efectuado por el Consejo de Cuentas refleja que en este último ejercicio el Gobierno autonómico incumplió tanto el objetivo de déficit como la regla de gasto, dos de los requisitos obligados para garantizar la estabilidad presupuestaria entre ingresos y gastos.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha reiterado ante los procuradores de las Cortes una de las conclusiones reiteradas al analizar la cuenta general. Año tras año se constata que la Junta presupuesta de manera insuficiente el área sanitaria y que Sacyl culmina el cierre anual con un contingente importante de facturas sin imputar, que pasan al año siguiente. Esa obligaciones 'escondidas' sumaron 132 millones de euros en 2017 y el pago demorado supone un gasto extra en intereses de demora.

Los especialistas del órgano que vela por el correcto empleo del dinero público y la limpieza de las contrataciones en la comunidad constataron que la Junta cumple con los plazos de pago a proveedores, con demoras medias inferiores a los 30 días, y recomiendan a las consejerías y también la Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE, antigua Ade) que extremen el control en la tramitación de avales.

En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, según recoge la agencia Ical, la procuradora del PSOE Rosa Rubio ha denunciado que el «gran agujero negro» de la Comunidad es la Gerencia Regional de Salud y tachó de «alarmante» la cuantía de las facturas que se dejan de abonar año tras año

Salvador Cruz, portavoz del PP en la comisión, ha advertido de que o se modifica el modelo o «las cuentas de esta Comunidad son difícilmente sostenibles por el aumento del gasto sanitario». El procurador popular ha vaticinado que «el gasto sanitario va a ir a más» y recordó que en 2017, quedaron obligaciones pendientes, pese a que se incumplió el objetivo de déficit y la regla de gasto, lo que revela también «la necesidad de un nuevo modelo que garantice la prestación de servicios sociales».

El procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo ha lamentado que en la Gerencia de Salud «el problema de la insuficiencia de crédito para pagar subsiste», a lo que se suma los costes financieros que conlleva, dijo. En este sentido, ha asegurado que la situación «tiene un relación directa con una financiación autonómica que debemos volver a exigir al Gobierno de España».

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