La consejería de Igea desmonta los argumentos de Familia para no dar datos de fallecidos por residencias

Quintana ha tramitado varias reclamaciones interpuestas por informadores (de Infolibre, eldiario.es o ileon) apelando al «derecho a saber» que ampara el acceso de cualquier ciudadano a la información que manejan las administraciones.

En esas resoluciones, publicadas en la página web del Procurador del Común, se plasma la disparidad de criterios al respecto que hay en el seno de la Junta, del Gobierno de coalición PP-Cs. La consejería de Isabel Blanco se ampara en el informe de los Servicios Jurídicos que defiende que la actividad de las residencias privadas «está protegida por el derecho a la propia imagen y al honor, entendido como prestigio» y que una «imagen social de mala praxis», al facilitar el dato de fallecidos, podría dar lugar a posibles reclamaciones por dañar «el buen nombre comercial de la empresa».

Este informe insiste en que es necesario el consentimiento de los titulares de los centros para facilitar esos datos, algo en lo que discrepan Tomás Quintana y la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, que dirige Joaquín Meseguer, del equipo de Francisco Igea. Apuntan que la ley no menciona ese requisito, salvo para facilitar datos personales, que no es el caso. «Establecer esa condición como indispensable supone un obstáculo injustificado al derecho de acceso», refleja Meseguer, que recuerda que «la oposición al acceso manifestada por terceros afectados (dueños de los geriátricos) no veta, bloquea o condiciona la decisión fina que la consejería debe tomar».

El comisionado estima que la importancia de conocer el reparto de fallecidos por centros «para la sociedad, es alta, considerando la extrema gravedad del contexto sanitario». Incide en el «interés público» que supone facilitar esos datos de forma «desagregada» y no solo los totales que aporta la Consejería de Familia, porque «facilita la rendición de cuentas ante la ciudadanía en un momento donde esta rendición es más importante quizás que nunca».

«Respecto a que los datos denegados seran de titularidad privada, no se puede olvidar las competencias en el sector que corresponden a la Administración», recuerda el Comisionado para la Transparencia, en referencia a la Junta.

Quintana ordena a la Junta dar trámite de audiencia a los afectados. Para que aleguen, no para recabar un consentimiento que no exige la ley. Y luego resolver si facilita los datos «ponderando» de forma equilibrada el interés público en la divulgación de la información. Advierte a Familia de que ha incurrido en «vicios formales» que ha generado un retraso relevante «dado el especial interés en que una información como la que nos ocupa sea conocida cuanto todavía pueden ser adoptadas decisiones».