Concepción arremete contra los indultos y los tacha de «intolerable intromisión» en el Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha referido a los indultos o derecho de gracia como «una reminiscencia de las monarquías absolutas que se compadece mal con un Estado moderno siempre que no se utilice para uno de sus fines tradicionales: conseguir la rehabilitación del penado, corregir algún posible error judicial que pudiera haberse producido o dulcificar el rigor de una pena legalmente impuesta, y siempre que su concesión no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos». El magistrado José Luis Concepción ha subrayado que, «fuera de estos casos, el indulto constituye una intolerable intromisión de uno de los Poderes del Estado en las competencias y atribuciones de otro».

Sin mencionar directamente la solicitud al Gobierno de indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE de Andalucía, Concepción ha remarcado que «esa vergonzosa intrusión pone en peligro el andamiaje mismo del Estado cuando se ejerce de manera torticera por intereses puramente utilitaristas sin más fin que el de la simple conveniencia política; y sin que exista atisbo alguno de arrepentimiento en los delincuentes que han sido condenados por sentencia firme».

En la apertura del año judicial 2022-2023 en Castilla y León, celebrada este jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia con sede en Burgos, José Luis Concepción ha alertado del «patético espectáculo ofrecido por quienes tienen sobre sí la responsabilidad de renovar los órganos constitucionales» y ha advertido de que la falta de acuerdo causa «efectos devastadores para el funcionamiento del Estado e, incluso, para la propia credibilidad que deben tener las instituciones entre la ciudadanía».

«Resulta palmaria la crisis del sistema a causa de la recurrente falta de entendimiento entre los protagonistas encargados de verificarlo; de la apariencia de contaminación política que traslada al órgano de gobierno de los jueces; y de su objetivo apartamiento de los estándares europeos», ha resaltado, al tiempo que ha advertido que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y la sucesiva reforma del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces «puede conllevar sanciones por parte de la Unión Europea en forma del bloqueo del fondo europeo de recuperación lanzado a raíz de la pandemia».

El presidente del TSJ, un año más, ha puesto en valor el trabajo del Poder Judicial, «referencia para la mayor parte de los españoles en la lucha contra la corrupción, en la garantía de los derechos fundamentales puestos en solfa durante la reciente pandemia o, en fin, en la defensa de la unidad de España, amenazada estos últimos años por hechos que están en la mente de todos y que no son del caso recordar».

Concepción ha recalcado al mismo tiempo que la carrera judicial ve con «enorme preocupación» los ataques de que son objeto tanto la cúpula judicial como los jueces que tienen que resolver procesos en los que se ven envueltos intereses políticos, mediáticos o económicos. «El Ayuntamiento catalán de San Cugat del Vallés ha declarado persona non grata al juez Llarena, vecino de esa localidad durante casi treinta años, que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber», ha recordado respecto del magistrado burgalés que dictó la sentencia del procés.

Durante el acto, se ha impuesto la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Ignacio María de las Rivas Aramburu, magistrado jubilado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL (jubilado); José Luis Gallo Hidalgo, letrado jubilado de la Administración de Justicia de la Audiencia de Burgos y Sonsoles Sanchidrián Velayos, hoy magistrada de los Juzgados de lo Social de Burgos, que sufrió un atentado cuando salía del Juzgado de Santa María la Real de Nieva (Segovia) y un litigante la agredió con un cuchillo.

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