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Ramón Tamames, un comunista, defiende como candidato la moción de censura propuesta por Vox, la derecha más a la derecha, contra un socialista, Pedro ... Sánchez. El enjuague ha dado para críticas, para memes e incluso para burlas por la edad del aspirante, 87 años. Vox difundió una imagen de Santiago Abascal con Ramón Tamames y con su obra magna, 'El Tamames', también conocido como 'Estructura económica de España', libro de texto obligado para economistas desde su primera edición, allá por 1965, y que en 2022 alcanzó la 26ª actualización. Y defendió la independencia del candidato como una forma de convertir la oposición al presidente del Gobierno en algo transversal, menos escorada que en la moción de 2019, cuando Pablo Casado abofeteó, discursivamente hablando, a Santiago Abascal.
A pesar de las divergencias, sin embargo, hay una serie de cuestiones que Ramón Tamames defiende en sus numerosos libros escritos en las últimas décadas en las que Vox puede encontrar apoyo. Con matices en la aplicación pero con coincidencia en los fines.
«[Transcribe una conversación con Gonzalo Sol] -Estamos discutiendo el Tratado VIII, sobre el Estado de las Autonomías… ya sabes, sobre los poderes que tendrán en el futuro las regiones: Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Baleares, etc. Y sinceramente, creo que nos estamos pasando de rosca… Demasiadas competencias para los futuros órganos autonómicos, y un Estado que se vacía peligrosamente. Lo cual podría ser muy malo en el futuro por posible derivaciones centrífugas…»
«Para decirlo de forma rápida, en España tenemos 17 repúblicas y un Estado. Pero en cambio, es bastante discutible, al menos para muchos, que haya una verdadera Nación. Como no prosperó tampoco la idea de una 'nación de naciones'»
«[La educación] ha sido objeto de desarrollo mediante varias leyes orgánicas, cambiantes según el partido en el Gobierno. Con la consecuencia final de un sistema educativo de baja calidad y con toda clase de permisividades para alumnos y profesores. Se considera que una de las principales causas del alto fracaso escolar español y del bajo rendimiento en las pruebas internacionales es la falta de vertebración del sistema educativo, al estar asentado sobre la base muy endeble de 17 modelos diferentes y a veces excluyentes entre sí. La LOE de los Gobiernos del PSOE estableció que el Estado fijaría unas enseñanzas mínimas cifradas en el 65% de los contenidos escolares; en tanto que las administraciones autonómicas disñearían el 35% restante, que aumenta al 45% en el caso de las comunidades con lengua cooficial. Pero por una serie de motivos (falta de decisión política, permisividad, ineficiencia de la inspección, etc.), esa regla no se cumple y cada comunidad hace prácticamente lo que mejor (o peor) le parece, incluso negando autoridad a sentencias del Tribunal Constitucional».
«Resulta alentador el hecho de que algunas comunidades autónomas están empezando a plantearse la posibilidad de devolver servicios a la Adminisitración General del Estado. […] Y dentro de España, ya hay algún partido político que ha propuesto que la Administración General del Estado reasuma las materias de justicia, educación, sanidad e interior».
«Otras cifras que reflejan la burocracia pública son preocupantes: que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos funcionen nos cuesta más de 300.000 millones de euros al año. El número de empleados públicos de todas esas administraciones (3,2 millones) supera la población de Madrid capital. Y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas dependen 168 consejerías».
«[…] Poco o nada se ha dicho de que en los escaños de los 17 parlamentos autonómicos se sienten 1.268 diputados regionales, casi todos con sus sueldos, dietas, ipads, iphones, gastos de viaje, de representación, etc. En tanto que diputaciones, consejos insulares y cabildos canarios de las 50 provincias españolas disfruten de escaño 1.421 diputados provinciales».
«Las autonomías y las entidades locales han ido levantando lo que algunos califican como un sector público paralelo: un confuso entramado de organismos autónomos, agencias, empresas públicas, fundaciones, consorcios, etc. Así, resulta que prácticamente cada comunidad tiene su consejo económico-social, el de Castilla y León con un presupuesto de dos millones en 2010. […] En total más de 2.300 entes que dependen de las comunidades autónomas, y unos 4.590 de los municipios, un totum revolutum absolutamente prescindible».
«Hay otra decisión que se debe tomar en la reorganización del Estado: reajustar el número de ayuntamientos en España, pues hoy ya no tiene sentido mantener 8.112 términos municipales en un territorio como el de la nación española. […] Solo en Castilla y León, una región con menos de 2,5 millones de habitantes, hay 2.245 alcaldes y 13.219 concejales. Cabe decir que 'un municipio por debajo de los 20.000 habitantes no es económicamente viable ni eficiente -como señaal Ramón Marcos, diputado a la Asamblea de Madrid- y en España hay más de mil municipios con menos de 100 habitantes'. Con solo en torno a 1.000 municipios el país podría funcionar mucho mejor; en la idea de que en caso de haber en algunos de ellos un cierto número de entidades menores, tales ayuntamientos podrían configurarse como verdaderos municipios-comarca, en torno al mayor núcleo de población».
«En los últimos cuatro años de Gobierno de Rodríguez Zapatero, las centrales sindicales ingresaron más de mil millones de euros en subvenciones de todo tipo. […] Los grandes beneficiarios de esas generosas dádivas -financiadas por el contribuyente- fueron la UGT y CCOO, cuyos dirigentes máximos tuvieron en casi cinco años, de los siete de Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el papel de confidentes y ministros oficiosos; con un papel verdaderamente pernicioso a la hora de la formulación de la política económica».
«Las observaciones precedentes deben completarse con otras dos sugerencias: poner fin al sistema de sindicalistas liberados (con un número poco preciso, entre 30.000 y 100.000 en toda España), que suponen, con las honrosas excepciones que pueda haber, una casta especial dentro del sindicalismo».
«[Sobre los convenios]. Debería establecerse un tiempo máximo de negociación -tres meses, por ejemplo-, de modo que si en ese plazo no se alcanzara un acuerdo hubieran de someterse las partes a un arbitraje».
En sus textos, Ramón Tamames también apunta a otras reformas que considera relevantes, especialmente en relación a la Sanidad y la Justicia. Con opciones que no necesariamente coinciden con el ideario de Vox.
«En la sanidad pública hay un problema fundamental: tiene unos costes mucho más elevados que la privada, en términos de estancia en hospitales, intervenciones quirúrgicas, etc; con una considerable falta de coordinación que origina pérdidas de tiempo a los asistidos e ineficiencia a sus agentes.
«Se trata, pues, de aplicar programas de organización con una gestión más cuidada, y en ese sentido, el sistema de fundaciones de hospitales públicos ideado por el profesor Barea hace tiempo -para privatizar la gestión, que no el servicio- es un método de interés, si bien habrá que buscar otros sistemas para conseguir mayor productividad».
«Independizar el poder judicial, algo decisivo para que tenga credibilidad el Estado de Derecho. Esto obliga a revisar los sistemas de nombramientos y organización del CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. De modo que la composición de esos órganos no sea resultado de un cuoteo de los grupos políticos, que introducen todos los vicios del partidismo».
Por otro lado, Ramón Tamames diverge del pensamiento de Vox en cuestiones como desigualdad de género, de la que ya hablaba en 1993. Coincide en parte con la apuesta por la energía nuclear, pero no refuta el cambio climático como sí lo hace Vox. Cabe recordar que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, habló del «fanatismo climático» en el Comité de las Regiones. Del mismo modo, Tamames considera que el proteccionismo que propugnan Vox y formaciones con ideas similares (Trump, los impulsores del Brexit) no tiene sentido en el mundo actual. También, en su reorganización de la administración, considera que las autonomías pueden absorber el papel de las diputaciones.
«No hay todavía una verdadera igualdad de oportunidades desde el nacimiento, existiendo discriminaciones de facto en contra de la mujer. Es, más que nada, todo una la inercia sociológica, que se entrevera en muchos casos con el machismo subyacente». (La España alternativa, 1993).
«En los temas nucleares […] parece totalmente necesario mantener en actividad las centrales actualmente en funcionamiento, hasta el final de su vida técnica, lógicamente con el aumento que precisen en su cotas de seguridad. La opción de construir centrales de nueva generación queda pendiente de los resultados de un estudio a fondo para por lo menos mantener la proporción de energía nuclear en el 20% de las necesidades de electricidad del país. En el área de los combustibles fósiles, es necesario incentivar los procesos de descarbonización en términos de mitigar las emisiones CO2 y otros gases de efecto invernadero, a base de las tecnologías avanzadas de captura y secuestro de CO2».
«Lo que aquí se plantea para afrontar los problemas que hemos identificado no es retornar al viejo proteccionismo de mercados cautivos; algo que por lo demás sería de todo punto imposible, habida cuenta de los compromisos de España con la UE y frente a la Organización Mundial del Comercio. Pero sí cabe preconizar una nueva política agraria y agroalimentaria, con medidas de acompañamiento para elevar la productividad y la competitividad, sobre todo, fomentando la mayor dimensión de las explotaciones – vía agrupación empresarial o a través del cooperativismo».
«Otro tema controvertido es la existencia de 42 diputaciones provinciales en comunidades autónomas no uniprovinciales, que han quedado obsoletas: con la posibilidad alternativa de que los poderes autonómicos puedan hacerse cargo perfectamente de sus funciones. Una decisión que sería lógica. […] Incluso en Castilla y León y en Andalucía, las dos mayores regiones del país, que tienen nueve y ocho diputaciones respectivamente, esa simplificación es perfectamente posible».
Bibliografía utilizada:
«¿Adónde vas, España?», Ed. Planeta, 1976.
«La España alternativa», Ed. Espasa Calpe, 1993.
«La crisis de la deuda soberana en la Eurozona. España, un proyecto de país», Ed. Turpial, 2012.
«¿Adónde vas, Cataluña?», Ed. Península, 2014.
«Estructura económica de España», JDEJ Editores, 2022 (26ª edición).
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