La comunidad educativa de Castilla y León recela del plan de Celaá para el inicio del próximo curso

Incertidumbre. Esa es la palabra más repetida entre los sindicatos cuando se les pregunta sobre las afirmaciones de la ministra de Educación y Ciencia, Isabel Celaá, que pronosticaban que, en ausencia de una vacuna para la covid-19, los alumnos regresarán al colegio en septiembre con las clases solo ocupadas al 50%. Pretende el Gobierno que en cada aula haya un máximo de quince escolares pero, como explicó ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, siempre en espacios preparados para un mínimo de treinta.

La propuesta, que la Junta de Castilla y León prefiere no entrar a valorar porque «muchas de estas declaraciones terminan no plasmándose en el BOE» y analizarlas sería «aventurar», como aseguran desde la Consejería de Educación, genera más dudas que certezas, algo que reconoce Elena Calderón, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León. Considera que a día de hoy las comunidades, a las que pertenecen las competencia, no poseen «ni medios ni financiación» para encarar una transformación de este tipo, poniendo de manifiesto que reducir los ratios de alumnos por profesor siempre será positivo pero «hay que concretar cómo y cuándo», recordando que a corto plazo se prevé la vuelta de los alumnos de 2º de Bachillerato a las aulas para preparar la EBAU y aún «no hay nada diseñado».

Doblar la oferta para impartir una parte del temario de forma presencial y la otra por Internet implicaría también una contratación masiva de profesores, a juicio de Beatriz García, secretaria del Sector de Enseñanza de FESP, para la que sería «maravilloso» que se redujera el número de alumnos por profesor, pero eso exige «reforzar las plantillas», algo para lo que se necesita «mucho dinero». «Habría que hacer además un esfuerzo brutal para acortar una brecha digital que en Castilla y León a veces es más bien una zanja», reflexiona a la vez que reivindica, como sus compañeras de otros sindicatos, que «todas las ideas se traten con los representantes de los trabajadores, que están deseando ayudar a que la situación se solvente de la mejor manera posible».

Coincide en su postura Isabel Madruga, presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF en la comunidad, que recuerda que llevan tiempo «exigiendo negociar una vuelta a las aulas», mientras que rechazan las sensaciones que generan declaraciones como las de la ministra. «Queremos certidumbres y negociación», solicitan en posición de alerta ante la posibilidad de que este plan termine por sobrecargar «aún más» al profesorado. Corrobora Christina Fulconis, de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL), que los docentes están empleándose «más que nunca» en estos días de clases 'on line' y pide que cualquier solución sea «consensuada», algo que no ha ocurrido aún porque no se han producido reuniones a nivel nacional con representantes de los profesores para organizar el regreso ni les ha llegado un plan «de primera mano», lo que les impide tomar posición ante una situación «incierta».

Para pilar Gredilla, de ANPE Castilla y León, primero se debe «decidir cómo se va a iniciar el curso y después adaptar los recursos humanos», aunque pide esperar a conocer la evolución de la enfermedad para después establecer «criterios iguales para todas las comunidades». Por ello, rechaza la inseguridad que crean afirmaciones como las de Celaá, que les impide tener «una opinión» sobre las medidas, a falta de conocer en profundidad el plan para la vuelta de los alumnos.

Los altos ratios de alumnos por profesor y por aula que se dan en las ciudades no tienen su continuación en las zonas rurales, donde ven lejanos los problemas que se puedan derivar de los planes del Gobierno de ocupar el 50% del espacio de las clases en el arranque del curso 2020-2021 para evitar contagios de la covid-19.

Más bien al contrario, desde la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Rurales de Castilla y León (Confarcale), su presidente Antonio González prevé que esta situación derive en que se pueda «corregir» el bajo número de jóvenes que ocupan la España vaciada. «Es posible que haya familias que se vayan al medio rural a vivir o que matriculen a sus hijos en él, con lo que estaríamos en cifras por encima de esos quince alumnos por aula». Lo que preocupa, en cambio, es la dificultad que tienen los estudiantes de zonas con baja cobertura para conectarse a Internet y seguir la formación 'on line', algo que «se debería de haber corregido antes», en opinión de Antonio González, y que derivó en «muchos problemas» al principio del confinamiento, aunque estos se han ido paliando.

Según David Moya, presidente de Confapacal, los padres de los alumnos están «muy preocupados» por la ausencia de medidas de conciliación laboral para las familias con hijos de más de seis años y ante la posibilidad de que el periodo de formación telemática se extienda a septiembre. La alerta se ha multiplicado con la llegada del desconfinamiento porque el regreso de más trabajadores a sus puestos hará «aún más difícil» la situación.