La coalición PP-Cs afronta el ajuste de entes en la Junta con criterios dispares

El dato es correcto, pero la reestructuración aludida se llevó a cabo uniendo empresas, por fusión y absorción, más que por supresión, según confirmó el Consejo de Cuentas de Castilla y León en una auditoría que efectuó a lo largo de 2018.

Los integrantes de la comisión bilateral se han centrado en el análisis de los balances de actividad, gestión presupuestaria y contratación de servicios, obras y personal de los últimos cuatro años. El grupo ha escuchado el informe oral de los gerentes, que han respondido dudas del tenor de qué impide a ingenieros funcionarios de la Consejería de Agricultura diseñar proyectos que recaen en el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) con la fórmula de una encomienda de gestión –en este caso concreto el Consejo de Cuentas alertó sobre su uso inadecuado– o por qué desarrolla el ICE las ayudas que diseña la Consejería de Economía, en una potestad (la de gestionar las subvenciones) que la normativa liga a las funciones propias de la Administración.

Sin condicionar las conclusiones previstas para el otoño, el trabajo de ese grupo de análisis confirma casos de fundaciones, empresas y entes públicos que calcan funciones correspondientes a direcciones generales de la Junta. Al menos para la parte de Cs. Hay duplicidades, con situaciones en las que el organismo paralelo vacía de contenido a departamentos de la consejería para la que trabaja que deberían dedicarse a esa tarea. Una suerte de vampirismo administrativo, con duplicidad de plantillas y presupuesto, porque coexisten el órgano vampiro y el vampirizado.

«Desde la óptica de la parte de Ciudadanos, claramente ese sector público autonómico tiene que adelgazar y, en los casos en los que hay duplicidad, probablemente desaparecer. Si las funciones de una entidad coinciden con las que una dirección general, una de las dos sobra», traslada Antonio Calonge Velázquez, director general de Ordenación del Territorio y Planificación, que matiza que el alcance de las medidas se analizará en la propuesta final que realicen los participantes en el grupo y las decisiones que tome finalmente el Consejo de Gobierno de la Junta.

«En este momento tengo que analizar la documentación y las comparecencias, no tengo opinión formada. Cada gerente ha defendido su ente y, desde su visión, tienen muchas utilidades», esgrime García Nieto. El cargo delPP augura que los «compromisos a largo plazo» en la gestión de algunos entes condicionarán la toma de una decisiones que no recae en el grupo, sino en la «superioridad» de los dos partidos.

La auditoría política sobre lo que se conoce como 'administración B' es una de las medidas del acuerdo de gobernabilidad que firmaron PP y Cs hace un año. Está recogida en el punto 3: 'Análisis de la utilidad de las entidades del sector público autonómico de Castilla y León'. En octubre de 2019 se constituyó la comisión paritaria, PP-Cs, encargada de ese escrutinio político desde la óptica de la utilidad. Por parte de Cs, además de Antonio Calonge, han trabajado en el análisis Fernando Navarro, viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios; María García Fonseca, directora de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios; Raúl Fernández Sobrino, viceconsejero de Cultura; y Ana Carlota Amigo mientras fue portavoz en las Cortes, sustituida por María Teresa Gago tras ser nombrada consejera de Empleo e Industria. En la parte del PP se sientan junto al abulense Miguel Ángel García Nieto cuatro altos cargos de consejerías con fundaciones y entes del calado de la antigua Ade (hoy ICE) y el Eren, el Itacyl o Somacyl: Ángel Marinero, secretario de Fomento y Medio Ambiente; José Ángel del Amo, de Economía y Hacienda; Eduardo Cabanillas, de Agricultura; y Araceli Valdés, directora de Recursos Humanos de Educación.