Las cinco cifras claves del nuevo presupuesto de Castilla y León

El presupuesto asciende a esos 12.291,4 millones de euros, pero la cifra final de la que en la práctica dispondrán los consejeros con estas cuentas (sin contar las transferencias de fondos europeos que recalen en Castilla y León) será de 9.909,5 euros, porque a la cifra total hay que restarle la que requieren las amortizaciones de deuda y el pago de intereses (1.423,4 millones), los 924 millones de la PAC, que la Junta recoge de Bruselas con la mano izquierda para ingresarlo en la cuentas de agricultores, ganaderos y propietarios de terrenos rústicos con la derecha. Además, hay que descontar el presupuesto del entramado institucional de Castilla y León: las Cortes, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el CES, para los que se consignan 33,6 millones. De la cuantía que gestionarán las consejerías, 7.378,3 millones de euros estarán en manos de las titulares de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. La factura sanitaria es creciente y, por norma, siempre falta dinero a final de año. El funcionamiento de hospitales, centros de salud y consultorios, la compra de fármacos y equipamiento médico, las retribuciones del personal sanitario se llevan 4.317 millones de euros. Es la cifra de partida y para un año con una pandemia aún en fase explosiva, muy exigente con el sistema de atención sanitaria.

La partida que llega del modelo de financiación autonómica en concepto de entregas a cuenta asciende a 7.392,6 millones de euros. Es la principal entrada de ingresos del presupuesto autonómico, pero no es una cifra cerrada. Es un anticipo de los ingresos que corresponderán a la comunidad por su participación en la recaudación de tributos como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Eso supone que esa entrega a cuenta se liquidará en 2023 con la recaudación real de esos tributos. Eso implica un riesgo: si la economía no reacciona, los contribuyentes no podrán cumplir con la previsión de tributación y la comunidad deberá devolver lo que haya llegado de más en ese anticipo. Esta situación ya se ha dado. Castilla y León aún continua devolviendo dinero al Ministerio de Hacienda por un cálculo optimista en las entregas a cuenta de los años 2008 y 2009.

Este año, además, la Junta recibirá una transferencia no reembolsable de 634 millones del Gobierno central. El Ministerio de Hacienda decidió asumir la mitad del déficit público con que las comunidades podían cerrar el presupuesto de 2021, de manera que en lugar de contratar deuda por la que debería y luego devolver, la Junta recibirá esa partida directamente de las arcas estatales.

La deuda es, sobre el papel, la tercera consejería de la Junta de Castilla y León por esfuerzo presupuestario. Las cuentas de 2021 consignan para hacer frente a las obligaciones que genera el dinero que ha llegado en los últimos años mediante créditos y emisiones de bonos una dotación de 1.423,37 millones de euros. La partida que se destina al pago de intereses es de 239,2 millones de euros. Baja el 14,68%, lo que supone que la Junta prevé pagar 40 millones menos que en el presupuesto anterior (2018). por la renegociación de los créditos más caros y la contratación de deuda a tipos bajos, con alguna operación a interés cero.

Solo hay dos consejerías que tienen consignada más cuantía en este presupuestos: Sanidad y Educación, con 4.366 y 2.360 millones respectivamente. La cuarta sería Familia e Igualdad de Oportunidades, que dispondrá de una dotación de 1.081,3.

La dotación que la Junta destinará al pago de su personal asciende a 4.214,14 millones de euros, el 14,56% más que en 2018. Ahí se incluyen las dos mejoras retributivas de los años 2020 y 2021 y el incremento de personal que ha supuesto la gestión de la covid-19. La porción del personal es un tercio de la tarta presupuestaria, casi 35 de cada 100 euros van a salarios. Las plantillas más abultadas son las de las tres consejerías sobre las que se sustenta el Estado del Bienestar: Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. El pago a los empleados públicos de estas áreas consigna 3.689,6 millones de euros. La Consejería de Educación abona también las nóminas de los docentes de los centros concertados.

La Junta de Castilla y León para abrir durante todo el año sus sedes y los centros de servicios de gestión directa, principalmente los sanitarios, requiere 1.815,67 millones. Esta partida, de gasto corriente, sirve para pagar la electricidad, la calefacción, la vigilancia, la limpieza, el mantenimiento cotidiano, el material de oficina... El capítulo de gasto corriente, tradicionalmente denostado por entender que suponía un lastre presupuestario, se ha revalorizado en los últimos tiempos. Los recortes de la anterior crisis en partidas de combustible, gas o electricidad y su traslación en ajustes en horas de calefacción en invierno en colegios, institutos y centros sanitarios cambiaron esa etiqueta de «gasto superfluo» que se aplicaba al apartado de gasto corriente en cada debate presupuestario. Esa crítica ha desaparecido en la práctica.