CC OO cifra en 42 millones el presupuesto para empleo suprimido por Veganzones

«El consejero no ejerce de consejero. Nadie sabe nada de lo que se hace en Industria o Comercio y en Empleo solo hay eliminaciones. El consejero de la nada no hace nada. Destruye lo que había y no lo sustituye por nada». Así ha resumido el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social, Saturnino Fernández, el año de Mariano Veganzones en la consejería, «un año de destrozos de las políticas públicas en el que todo se ha hecho a propósito, de una forma antisindical, antidemocrática y dirigida a debilitar las instituciones y la participación». A juicio de Fernández, el dirigente de Vox quiere «que la Administración no funcione» porque «Castilla y León es el piso piloto para llevar lo mismo a otras comunidades si llegan a gobernar y también a ayuntamientos y diputaciones».

Entre lo desaparecido y lo transformado «unilateralmente», CC OO estima que «se han cargado el Plan de Empleo 2021-2024, el de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo sobre el Serla y el Plan anual de Empleo». Y han dejado «muy tocados, con incumplimientos muy graves», el Plan de Formación Profesional 2021-2024 y el Plan de Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, entre otros. El acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Empresarial 2021-2027 también está también sufriendo estos incumplimientos.

El representante de CC OO se ha dirigido al presidente de la Junta para decirle que es consciente «de que pedir el cese del consejero sería romper el pacto de gobierno», así que le ha reclamado «que le retire las competencias sobre la concertación del Diálogo Social» porque sigue habiendo 12 acuerdos en Medio Ambiente, Vivienda, Familia, Economía, Educación… «que tienen que desarrollarse con un coordinador con competencias que no sea el de Empleo, que no convoca el Consejo del Diálogo Social». «Si no se toman decisiones, se va a morir todo», ha advertido.

Se han cumplido ya diez meses sin convocarse el Consejo de Diálogo Social y tampoco la comisión permanente, que por ley debe reunirse cada dos meses, ha señalado Fernández.

Por otra parte, ha lamentado la falta de información aportada por la consejería respecto al nivel de ejecución de los programas que financia el Estado. «Lo veremos cuando lo dé el Ministerio de Trabajo, porque Empleo no informa. Del Estado vienen casi 200 millones y si no se ejecutan bien, hay que devolverlos. Probablemente se ejecutará bastante menos de la mitad de lo presupuestado por la ineptitud en la regulación de las convocatorias hechas», ha señalado.

El sindicato UGT ya ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 76 trabajadores afectados por la supresión de todos los programas de orientación y riesgos laborales que anteriormente la Junta convocaba y financiaba en concurrencia competitiva. CC OO, en este momento «lo ha descartado». «Hemos adoptado otras medidas, pero si siguen eliminando cosas, al final de 2023 veremos lo que tendremos que hacer», ha concluido Fernández.