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La foto, rebotada por Whatsapp, muestra a un hostelero abatido, cabeza entregada, la mano soportando apenas el peso mientras frota los ojos cerrados. En la misma aplicación, apenas unos 'chats' más abajo: «Hay que actuar. Se nos va de las manos». Y entre ambos mensajes, ... en el más acá analógico, una realidad dura, compleja e incontestable. Si Castilla y León fuera un país, sería el séptimo de la Unión Europea con más incidencia de casos por cien mil habitantes, con 829. También sería un país en el que la hostelería, con 35.000 establecimientos y casi 68.000 trabajadores, tendría un peso brutal en la economía. Un territorio con una población envejecida que ha sumado desde el 1 de septiembre 386 fallecidos por covid-19. Y donde al mismo tiempo los grandes centros comerciales, que no se llenaron este lunes festivo, dan trabajo a 9.000 personas. Donde los hoteles no pueden recibir apenas a nadie porque hay un confinamiento perimetral en marcha y en cambio emplean a 5.900 ocupados.
La estadística sanitaria dice que Castilla y León es «alerta 4», «máximo riesgo» y otros sintagmas similares. Y la normativa aprobada en el Consejo Interterritorial de Sanidad rubrica que, en estos casos, es el Gobierno autonómico -la Junta- quien debe decidir hasta dónde lleva las restricciones. Y Alfonso Fernández Mañueco, presidente regional, anunció este martes que las llevará al límite. Cierre de la hostelería, de los grandes centros comerciales, de los gimnasios. Y cierre desde ya mismo. Este miércoles se publicará, a las 7:30 de la mañana, el Boletín de Castilla y León, e incluirá dos nuevos acuerdos. Uno es el que traspone esos acuerdos sobre niveles de alerta y actuaciones. El otro será el que convertirá la rutina cotidiana en un paisaje irreal, sin terrazas, bares, gimnasios...
Mañueco era tan consciente de la gravedad, de las dimensiones catastróficas del asunto, que se hizo acompañar de una escenografía inusual y de unas medidas de alivio. Programó una declaración institucional, sin preguntas ni periodistas en la sala. Por 'streaming', versión pandémica del plasma que popularizó Rajoy. Esta vez, al contrario que en otras ocasiones, la realización abrió plano dos veces. La primera, para mostrar a la derecha del presidente a los miembros del comité de expertos. La segunda, para enseñar a su izquierda a su vicepresidente, Francisco Igea, su consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones. «Hemos analizado la evolución de la pandemia y escuchado a nuestro comité de expertos con la unión de política y ciencia para tomar decisiones», comenzó. Lo repitió después.
La representación de esta unión político-científica para centrar el argumentario tuvo a continuación una serie de anuncios de medidas de alivio económico cuyo contenido habrá que conocer más a fondo. «Hay un principio de acuerdo en el Consejo del Diálogo Social para impulsar un plan de choque por el empleo dotado con 73,5 millones en ayudas», comenzó. «La hostelería tendrá acceso a medidas de apoyo financiero con interés cero y dos años de carencia», añadió. «Es un sector que no debemos demonizar y que en los últimos meses ha cumplido con las medidas de prevención», advirtió a pesar de todo.
El sostén económico de estos sectores restringidos se antoja crucial. De los 80.000 trabajadores de Castilla y León que se verán afectados por los cierres, unos 6.200 aún se encontraban el mes pasado afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. A esos hay que añadir, además, aquellos de los 4.100 empleados en ERTE del sector comercial, de los 139.000 que lo conforman según el Instituto Nacional de Estadística, que desarrollan su labor en las grandes superficies.
A partir de la medianoche del jueves al viernes, noviembre será oficialmente marzo. O casi. Porque el Gobierno autonómico insiste en reclamar que se deje abierta la puerta a un posible confinamiento domiciliario. La normativa vigente, lo dejó claro Mañueco, «no permite ir más allá» de lo que se acordó ayer. «Reclamamos al Gobierno que asuma su responsabilidad y, bajo control parlamentario, decrete las medidas que requiera la situación».
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, había dicho que de eso, nada. Luego reculó: se estudiará el lunes. La incidencia acumulada sube, las hospitalizaciones y la ocupación en UCI se desmadran y los fallecidos pegan otro salto cuantitativo importante. Ayer se rebasaron los 30 muertos en Castilla y León: 34. No sucedía desde mediados de abril.
El confinamiento es ya, de facto, una realidad. Sin bares ni centros comerciales, y a la espera de ver qué más muestra la letra pequeña del Boletín Oficial de Castilla y León, la actividad ciudadana se va a reducir de por sí. Y la Junta, incluso en el peor de los escenarios, está decidida a permitir siempre que pueda la apertura de los centros educativos y de los centros de trabajo. También hay voces en el comité de expertos que abogan por permitir las salidas a pasear, a hacer deporte al aire libre, etcétera. Actividades que se han demostrado mucho más seguras que cualquier otro tipo de reunión en espacios cerrados y que además, con las mascarillas obligatorias, no son precisamente el gran foco de infección de esta segunda ola.
Castilla y León quedará así cerrada al exterior, sin movilidad entre las 22 horas y las 6 de la mañana, sin poder acudir a bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios. Con la parte económica del equipo de Gobierno tratando de encontrar la vacuna a la ruina económica de los 80.000 afectados por estas medidas y la parte sanitaria escudriñando las tendencias para que el sistema sanitario no colapse, algo que podría llegar a ocurrir, si los datos continúan su macabra ascensión, antes de concluir noviembre.
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