El fiscal del Servicio de Delitos de Odio advierte de que la falta de denuncias esconde un fenómeno al alza

El a su vez vocal del Consejo General del Poder Judicial y uno de los abanderados en la lucha contra este tipo de delitos y el terrorismo de ETA, faceta esta última que le ha llevado a recibir la distinción de Caballero de Honor de la República Francesa, se ha pronunciado en tales términos durante su participación esta tarde en Valladolid en el VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, dedicado en esta ocasión precisamente a los delitos de odio.

En declaraciones previas recogidas por Europa Press, Grande-Marlaska advierte del poder de «implementación» que las redes sociales realizan en la actualidad en la difusión de discursos de odio y por ello muestra la necesidad de un «control de las mismas», en la línea de la política ya iniciada por la Comisión Europea para, de conformidad con las grandes plataformas, poder actuar con rapidez ante denuncias formuladas por ONG «testadas por su seriedad», o incluso aplicando medidas legislativas a nivel de la UE.

En cualquier caso, el magistrado apunta que lo básico es tener un conocimiento veraz de este tipo de delitos para poder establecer una calificación de los mismos y un registro fiable sobre la casuística. «Todavía no hay un control estadístico suficiente, si bien es de destacar el trabajo del Ministerio del Interior, a través de su sistema estadístico de criminalidad, para establecer ítems o apartados en cada atestado sobre si lo que se está investigando es un delito de odio».

A partir de ahí, defiende Grande-Marlaska, es preciso coordinar esos datos entre la fiscalía y los órganos judiciales, «y es ahí donde se está luchando para que haya esa trazabilidad entre todas las instituciones para conocer cuántos delitos de odio son objeto de denuncia y poder seguirlos hasta su juicio oral, sentencia o archivo...necesario todo ello para poder extraer conclusiones y ver si es preciso realizar modificaciones legislativas».

Precisamente, el Fiscal Especial de la Audiencia de Barcelona e impulsor desde 2009 del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, también presente en el mismo ciclo celebrado esta tarde en Valladolid, se ha mostrado a favor de medidas legislativas para combatir este tipo de delincuencia, si bien reconoce que «con lo que hay actualmente se puede trabajar».

Aguilar, al igual que el anterior, coincide en la trascendencia de contar con una fotografía exacta de la situación en España, ya que, como así puntualiza, «hay una cifra sumergida de hechos delictivos porque no se denuncia», ante lo cual aboga por realizar campañas de sensibilización para que las víctimas se animen a denunciar. «Para ello, las instituciones y poderes públicos nos tenemos que ganar la confianza de los ciudadanos que todavía, por muchas razones, no denuncian», añade.

Pero además, Aguilar incide en que sobre los casos que sí se denuncian hay que realizar «buenas estadísticas» para saber la dimensión real del problema, al que es preciso llamar por su nombre. «Cuando se le llama por su nombre las políticas públicas cambian, y aquí hay que reconocer la labor que en los últimos años se está realizando para visibilizar del problema», indica el fiscal de Barcelona.

El que es el primer fiscal especializado en la materia defiende esta política para conocer mejor a las víctimas y las técnicas que facilitan la investigación de este tipo de delitos, a semejanza de lo que ocurre en el ámbito sanitario pues, como así apunta, «los médicos de familia realizan una labor encomiable pero a veces con ello no es suficiente y hay que recurrir al especialista».