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Castilla y León se mantiene entre las comunidades con el índice de criminalidad más bajo desde hace décadas, pero hay un tipo de infracciones que inundan los juzgados: son las relacionadas con el tráfico y la seguridad vial. Y ello preocupa mucho a los fiscales ... . Tanto es así, que en la Memoria de 2017 de la Fiscalía Superior de Castilla y León se recoge esta alarma, porque los juzgados de la comunidad ven, al año, cerca de 3.000 delitos de tráfico. Ello significa que se han puesto a la cabeza de los delitos y superan ya las causas por infracciones contra la propiedad (hurtos, robos con fuerza, estafas, apropiaciones indebidas), que hasta ahora eran las más frecuentes.
Es cierto que en este ‘sorpaso’ en la estadística de criminalidad tiene mucho que ver la despenalización de las faltas (a los juzgados ya no se remiten los atestados policiales sobre delitos sin autor o sospechoso, con lo que el volumen de asuntos penales se ha reducido ) desde 2015, pero llama la atención que los delitos de tráfico vayan en cabeza, a pesar de la intensificación de las campañas preventivas de la Dirección General de Tráfico de los últimos años, con periódicos controles de alcoholemia en las carreteras y anuncios mucho más impactantes sobre las consecuencias que aquel mítico anuncio de ‘Si bebes, no conduzcas’ de Stevie Wonder.
Así, los asuntos por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y drogas o sin el carné (en total, 2.970) han superado a los delitos contra el patrimonio (2.563) en el número de asuntos calificados por los fiscales de Castilla y León. La mayoría de las sentencias se alcanzan por conformidad de las partes y los pleitos se resuelven en los denominados juicios rápidos. Se dictaron 3.060 sentencias sobre incidentes de tráfico, según el último informe fiscal de 2017 sobre datos de 2016.
En el contexto nacional, el 32% de las condenas judiciales, aproximadamente, son por delitos contra la seguridad vial. Pero, ¿qué ocurre para que la ciudadanía todavía no tenga una clara percepción de que hay al menos cinco infracciones al volante que son delito y pueden conllevar cárcel? Circular sin carné, superar el límite de velocidad, la conducción temeraria y bajo la influencia del alcohol o las drogas, son algunos de los supuestos. Pero también crecen los casos de atropello con denegación de auxilio, las grabaciones de jóvenes al volante de infracciones graves para presumir en las redes sociales y las conductas cada vez más agresivas.
El fiscal de Sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas y el teniente coronel José Luis Díaz Sánchez, segundo jefe del Área de Operaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, son los dos especialistas que protagonizarán en Ávila la quinta mesa del VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, dedicada de forma monográfica a reflexionar sobre la seguridad vial y el reto de reducir este tipo de criminalidad al volante no interiorizada por buena parte de la población.
La propuesta de debate sobre esta especialidad de la Fiscalía es más oportuna si cabe en un momento en el que se han disparado las cifras de accidentes de tráfico con resultado mortal. El pasado 3 de enero, Gregorio Serrano, director general de Tráfico, presentó el balance de siniestralidad vial de 2016 con unos datos escalofriantes: 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en los que 1.160 personas perdieron la vida y 5.067 necesitaron hospitalización a consecuencia de las heridas sufridas. Estas cifras suponen aumentos del 1,4% (+15) en accidentes mortales; 2,6% (+29) en el número de fallecidos y 4,3% (+209) en heridos hospitalizados. Respecto de 2015, el porcentaje de incremento es del 2,6%. Desde la DGT se reconoce que hay que revisar la estrategia de seguridad vial de 2011 y poner en marcha un plan de choque para regresar a cifras descendentes.
El foro jurídico de El Norte llega a Ávila con el patrocinio del Banco Santander, Registradores de Castilla y León y el despacho de abogados Negotia. Colaboran la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Superior de la Comunidad; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ); las universidades de Castilla y León, como la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y los colegios profesionales de abogados y procuradores.
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