«Una buena regulación del derecho de familia prevendría la violencia de género»

Seijas se lamentó de que solo Cataluña, País Vasco y Aragón y no el resto de comunidades, como Castilla y León, –que es 'territorio ministerio' y no tiene transferida la competencia en materia de Justicia– tengan regulada la custodia compartida de los hijos. Y en la maternidad subrogada, España carece de legislación, mientras que otros países del entorno como Portugal y Gran Bretaña ya tienen normas en ese sentido. Para el ponente, «el conflicto y el ruido» que existe en torno a esta práctica «esconde una realidad, que es una opción para las mujeres que no pueden tener hijos».

El magistrado de la Sala I del Supremo fue más allá respecto de lo que supondría perfilar la legislación. «Un buen derecho de familia sería un factor preventivo de la violencia de género, porque en muchos casos, esta violencia está motivada en discusiones de la pareja por quien se queda la vivienda o por las custodias de los hijos, muchas de las disputas vienen por ahí», indicó.

Aprovechó para criticar, en este ámbito de la lucha contra la violencia machista, «las prisas» con las que salió a la luz este verano el real decreto del Gobierno que modifica (en una decisión sin precedentes) el Código Civil. El Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común sobre los hijos en el ejercicio de la patria potestad cuando cualquiera de los progenitores esté procesado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos de ambos. Este real decreto, vaticinaron algunos juristas al final del acto en la Facultad de Derecho de la UVA, va a traer cola.

Otra cuestión que preocupa a los juristas en este ámbito es el incremento de casos de desprotección y abandono de personas mayores. Tal es así, que el ponente invitado subrayó que habría que inventar el concepto jurídico 'en interés del mayor', al igual que existe para los menores. Este concepto jurídico 'en el interés del menor', recordaron tanto Seijas como su compañera de mesa, la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, es el centro sobre el que gira el derecho de familia, puesto que marca todas las decisiones judiciales que se toman en las sentencias y que también dirige la pauta en la intervención del fiscal en estos procedimientos, pues se ocupa de los expedientes de reforma y protección.

Rodríguez aprovechó para reclamar más medios cualificados (los informes psicosociales tardan una media de un año en emitirse porque las plantillas de evaluación son insuficientes) para abordar los casos en los que hay niños de por medio y, en especial, los de violencia de género. «Hemos constatado que llegan medios a las administraciones autonómicas y locales, pero nosotros seguimos con los mismos medios que en 2004, cuando se promulgó la Ley Integral de Violencia de Género», subrayó la fiscal superior.

La jornada inaugural, que se cerró con un animado coloquio entre los asistentes, contó con la intervención del decano de la Facultad de Derecho, Juan María Bilbao, quien en sus palabras de bienvenida reivindicó el papel de los jueces españoles («los jueces buenos toman resoluciones sin buscar el aplauso fácil. No siempre aciertan pero no es justo sospechar de su imparcialidad y honestidad») y equiparó la situación de desprestigio social por la que atraviesan los tribunales con la de la universidad. «No son buenos tiempos tampoco para la universidad por las fechorías de algunos granujas», manifestó, en alusión a los casos de titulaciones fraudulentas de politicos que investiga la Justicia.

El VII Ciclo de El Norte de Castilla, que continuará el 14 de noviembre en León para abordar la protección judicial de los mayores. cuenta un año más con el patrocinio de Banco Santander y Registradores de Castilla y León.