Ignacio Rafols: «Lo fundamental del Plan Nacional de Justicia es de cuánto dinero hablamos»

Los pocos pero voluminosos muebles de la Audiencia de Palencia reducen visualmente, aún más si cabe, el despacho provisional que ocupa desde 2015 Juan Ignacio Rafols Pérez, el presidente del tribunal provincial desde hace cinco años. El espacio en las antiguas dependencias de la Seguridad Social está alquilado por el Ministerio para albergar la mayoría de los servicios judiciales (excepto el Juzgado de lo Penal y un par de los de instrucción) y de Fiscalía mientras duren las obras en el Palacio de Justicia de la plaza Abilio Calderón. Ahora, los funcionarios judiciales están pared con pared con el Centro de Salud Los Jardinillos y no es raro que algún usuario del sistema de salud se despiste y se confunda de puerta. «También compartimos calefacción», bromea el magistrado leonés mientras se pone la americana para las fotos.

Palencia es la gran beneficiaria de la inversión del Ministerio en infraestructuras judiciales en Castilla y León. ¿Para cuándo está previsto que terminen las obras y puedan trasladarse a la nueva sede?

La previsión es que las obras terminen a finales de junio o principios de julio, pero la ocupación del eficio tardaría, por el amueblamiento y la instalación de los equipos informáticos. Confiamos en poder trasladarnos en noviembre de este año.

¿Aquí están un poco apretados los funcionarios, no?

La Audiencia no está mal, son instalaciones dignas, son peores para el personal de los juzgados, tienen cierto amontonamiento. Hay que tener en cuenta que no estamos todos aquí. Hay dos juzgados que están fuera de este edificio. En el otro vamos a estar los siete juzgados de instrucción, el Juzgado de lo Penal, que también está fuera, los servicios de la Fiscalía, el médico forense... En total, unos 160 funcionarios. El problema puede plantearse con el registro civil. No sabemos si habrá espacio, porque cuando se planteó el proyecto de rehabilitación el Ministerio pensaba en la desjudicialización del los registros...

En estas condiciones de provisionalidad, ¿cómo llevan la puesta en marcha del expediente digital?

Bastante bien, quizá por el gran interés mostrado por los Colegios de Abogados y Procuradores. Es cierto que cada juzgado lo hace a su ritmo y que el sistema, como ocurre con todos los sistemas nuevos, avanza con limitaciones, se caen con cierta frecuencia, pero por parte de los órganos judiciales hemos puesto el máximo interés. Creemos que la modernización es el presente y apostamos por ello. No obstante, nos gustaría disponer de programas más sencillos, más fáciles de usar pero, como todo, a medida que se vaya rodando se irán eliminando más defectos.

La Comisión de Justicia del Congreso ha acordado desempolvar el proyecto de los tribunales de instancia, con la creación de oficinas judiciales y la supresión de la figura de los jueces de paz. ¿Cree que tiene recorrido en una Comunidad con tantos y tan dispersos municipios como la de Castilla y León?

La supresión de los juzgados de paz no implica problemas desde el punto de vista de la eficacia judicial, porque la incidencia que tienen, por sus escasas competencias, es mínima. Cuestión distinta es que se tenga que abordar un nuevo proyecto de la ley de planta. Creo que es decisivo establecer una organización territorial más moderna, pero soy conciente del nivel de dispersión municipal de Castilla y León y por ello hay que ser muy prudentes a la hora de suprimir órganos judiciales en el territorio.

¿Qué órgano judicial está más congestionado? ¿Están preparados para recibir el aluvión de demandas por las cláusulas suelo?

Los juzgados de primera instancia tienen una carga de trabajo por encima de lo que sería recomendable. Llevamos años solicitando el juzgado número 8 y contamos con el apoyo del TSJ. Se necesitaría además otro juez de lo Penal. Respecto de las cláusulas suelo, pues las demandas saldrán adelante por puro voluntarismo, como ha ocurrido con las preferentes. Quisiera creer que se le dará una solución extrajudicial, pero va a depender de la actitud de los bancos. Los que estén en peor situación tratarán de dilatar los procedimientos, de estirar la goma.

¿Cuál es la radiografía judicial de Palencia?

Es una provincia tranquila en lo que a litigiosidad se refiere. Económicamente ha podido llevar bastante bien la crisis con las industrias galletera y de coches, la PAC...El tejido social no está muy afectado y eso se traslada a los tribunales. Una zona con gran nivel de desempleo tiene un efecto de choque más tarde o más temprano en los juzgados.

En los 11 años y medio que lleva de magistrado aquí, ¿qué es lo que más le llama la atención?

La fuerte bajada de los asuntos penales que llegan a la Audiencia, un 60% menos, y la naturaleza de los asuntos civiles: antes eran pleitos por vicios constructivos y ahora, si seguimos así, acabaremos siendo especialistas en contratación bancaria. Es casi todo lo que entra.

¿La clave para que se llegue a un Pacto de Estado por la Justicia?

Lo fundamental es el compromiso presupuestario, porque eldiagnóstico ya está hecho. Al final, es de cuánto dinero estamos hablando. Cualquier transformación de la organización de Justicia va a implicar un incremento del gasto, al menos, de forma transitoria. Hay que hacer un planteamiento claro y serio.

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