Los tribunales de Castilla y León tendrán nueve jueces más para luchar contra la corrupción

Castilla y León tendrá nueve jueces y magistrados más para reforzar la plantilla y poder luchar mejor en los casos contra la corrupción. Al menos, esa es la intención del Gobierno con esta ampliación de los recursos humanos en los tribunales de España autorizada este viernes por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el próximo año.

A propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aunque el refuerzo ya había sido negociado por el Consejo General del Poder Judicial con el anterior titular de la cartera, Alberto Ruiz Gallardón, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se crean en España un total de 282 plazas de jueces y magistrados «para adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administración de Justicia y contribuir a la lucha contra la corrupción».

La asignación de las plazas se ha realizado en sintonía con las necesidades judiciales señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia, y de manera coordinada y consensuada con las comunidades autónomas, sobre la base de parámetros objetivos, fundamentalmente de litigiosidad y población. A Castilla y León le corresponden nueve de estas plazas, tres de magistrados en audiencias provinciales y seis jueces de adscripción territorial. Valladolid tendrá dos plazas de magistrado de nueva creación, mientras que Burgos, León, Salamanca, Segovia y Ávila serán las otras audiencias provinciales que verán ampliados sus equipos.

Estas nuevas plazas serán efectivas desde el 1 de enero de 2015. De ellas, 167 se corresponden con la categoría de juez de adscripción territorial, una figura de apoyo surgida tras la eliminación de un millar de jueces sustitutos.

El resto, 112 plazas más, tienen por objeto aumentar los efectivos en distintos órganos colegiados: 108 pertenecen a Audiencias Provinciales, 2 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras 2 a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «De este modo, se refuerza la actuación de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez más rápida y eficaz», indican desde el Ministerio de Justicia.

Además, se crean y constituyen 3 nuevos juzgados de lo penal, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa.

Con la reforma de la LOPJ en el año 2012, las nuevas plazas en las Audiencias Provinciales (108) se podrán distribuir en secciones de cinco o más magistrados, «lo que contribuirá a la celebración de más juicios, a reducir los tiempos de espera y facilitar la unificación de criterios. La creación de estas plazas fomentará, además, la promoción profesional y la movilidad dentro de la carrera judicial».

Flexibilidad

La creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial (JAT) ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada. Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.

Además de estas plazas se crean dos más, de magistrado, para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano encargado de la instrucción y enjuiciamiento de delitos de especial gravedad relacionados con la corrupción.

El Real Decreto supone la mayor creación de plazas judiciales de los últimos 25 años. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creación de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la razón estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal (221 de las 303 unidades fueron Juzgados de lo Penal de nueva creación).

Más fiscales

En esta línea, el Ministerio de Justicia pretende, en fechas próximas, elevar a Consejo de Ministros una medida similar en orden a la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante esta lacra de la corrupción. Además, el Ministerio ultima los detalles del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.