Los abogados de Castilla y León piden a Catalá que resucite el Pacto de Estado por la Justicia

Los abogados de Castilla y León le piden al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que reinstaure el diálogo con los operadores judiciales, roto con su antecesor en el cargo, el dimisionario Alberto Ruiz-Gallardón, y que resucite el Pacto de Estado por la Justicia, que promovió en su etapa como secretario de Estado del ramo en tiempos de José María Aznar.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García Delgado expresa su confianza en la capacidad de diálogo del sucesor Gallardón, a quien conoció durante esa etapa como secretario de Estado de Justicia del entonces ministro José María Michavila.

Del nuevo ministro destaca García Delgado «su preparación jurídica y su buen talante» y recuerda «su capacidad de diálogo».

Aunque de aquellos encuentros en Salamanca se ha cumplido ya más de una década, el presidente de la Abogacía de Castilla y León confía en que «continúe manteniendo esas virtudes, que recupere un diálogo fluido con el Ministerio y que siente en una mesa a todos quiénes de alguna forma tenemos algo que ver con la Justicia».

García Delgado espera que «la relación de la Abogacía con el nuevo ministro mejore sustancialmente y nos permita estudiar, sopesar y negociar todos los problemas que afectan a la Justicia en nuestro país».

En su opinión, «el diálogo es fundamental, y básico, para quien gestiona esta materia, conocer los puntos de vista de todos las personas a las que afectan antes de lanzarse a publicar anteproyectos legislativos indiscriminadamente que lo único que consiguen es provocar el descontento, la desunión y el enfrentamiento», señaló en clara referencia al modo de hacer que durante estos años ha puesto en práctica el ministro saliente.

Consenso sobre los anteproyectos en curso

García Delgado abogó por retomar «alguno de los anteproyectos legislativos que están ahora en estudio, retirar otros definitivamente por la fractura social que provocan y tratar entre todos de conseguir un consenso para mejorarlos y avanzar en una justicia de mayor calidad para la sociedad y nuestro país, que debe ser el fin último de un cargo político como el de ministro de Justicia».

Sobre el ministro saliente, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente de la Abogacía castellano-leonesa afirma que «a pesar de que los abogados habíamos mantenido y aún manteníamos en el día a día un enfrentamiento constante con él, es obligado reconocer que se trata de un gran jurista que, sin embargo, se equivocó en no pocos planteamientos, enfrentándose a una mayoría que opinaba lo contrario».

A su juicio, Gallardón «debió rectificar en su momento, no lo hizo y en coherencia con su forma de pensar, se ha visto obligado a dimitir».