El pasado 29 de abril la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), presidida por la profesora María Emilia Casas Baamonde, gran jurista, y el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) firmaron un protocolo de colaboración para el estudio de los efectos de la crisis de la pandemia de covid-19 en la legislación laboral y de Seguridad Social. Se cumplían entonces treinta años de la constitución del CESCYL, con actividad ininterrumpida y pionero en España.
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En efecto, el CESCYL se constituyó en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León el 18 de abril de 1991, a las 12 horas. Un año antes se había alcanzado un acuerdo, que se halla entre los primeros del diálogo social en nuestra Comunidad, para la preparación de un proyecto de ley por el Gobierno autonómico, el cual fue admitido a trámite el 21 de junio de 1990 y se convirtió, tras la oportuna tramitación parlamentaria, en la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social.
El Estatuto de Autonomía de 1983 no contempló la existencia del CESCYL hasta su reforma por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, que adicionó el artículo 54, cuyo contenido se basó en lo dispuesto por la Ley 13/1990: «El Consejo Económico y Social es un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León».
En el Estatuto de Autonomía vigente, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, se reordena en el artículo 19 la regulación de las instituciones autonómicas, clasificándolas en básicas (Cortes de Castilla y León, presidente de la Junta de Castilla y León y Junta de Castilla y León) y propias (Consejo Económico y Social, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas). El artículo 81 se dedica al CESCYL.
Introdujo dos novedades muy relevantes en el CESCYL la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León: la adscripción, sin pérdida de su independencia, a las Cortes de Castilla y León (los demás CES, incluido el del Estado, están vinculados al Gobierno correspondiente) y la creación en su seno de un Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada (artículo 4 bis de la Ley 13/1990), a fin de «canalizar las demandas y propuestas de carácter socioeconómico procedentes de las organizaciones que formen parte del mismo».
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La fuerza del CESCYL procede, por tanto, de la suma del valor de sus organizaciones, sus expertos y su personal altamente cualificado. El profundo conocimiento de la realidad social y económica de Castilla y León se une a la gran capacidad de entendimiento, cooperación y propuesta de quienes integran sus órganos y equipos. Así se refleja en el Informe general sobre la situación económica y social de la Comunidad, que ha de remitir anualmente a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, y en otros que emite por iniciativa propia o previamente, con carácter preceptivo, a la aprobación de proyectos de ley o de decretos por el Consejo de Gobierno de la Junta.
El protocolo suscrito con la AEDTSS es una oportunidad única para reunir en Castilla y León a especialistas sobresalientes, con vistas a favorecer la reflexión conjunta con las organizaciones sindicales y empresariales y, en general, con las personas integrantes del CESCYL, sobre temas esenciales en materia laboral y de Seguridad Social en esta difícil coyuntura, en busca de las transformaciones que la realidad exige para seguir avanzando en el Estado social y democrático de Derecho.
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