La Fiscalía Anticorrupción investiga desde finales del año pasado una supuesta trama de contratación irregular en el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) que afecta a las aplicaciones informáticas de este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. Según la información de El País ... recogida por la agencia Ical, se investiga el periodo 2010 a 2018 y, en concreto, las anomalías afectarían al mandato del palentino César Antón, quien fue director general de la entidad entre 2012 y 2016, tras desempeñar los cargos de consejero de Sanidad y de Familia en la Junta de Castilla y León.
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César Antón manifestó estar tranquilo respecto de su etapa en la dirección general del Imserso, «porque todas mis actuaciones se han ajustado a derecho» y subrayó que «nadie» le ha llamado de la Fiscalía Anticorrupción. «Habrá que esperar a que terminen las investigaciones», señaló, «y por su puesto, estoy a disposición de la Justicia si me llaman».
La investigación parte de una denuncia realizada por una funcionaria y la sucesora de Antón al frente del Imserso, Carmen Balfagón, quien encargó en mayo de 2018 una auditoría de todos los expedientes de contratación informática del Imserso a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa.
La investigación incluye los mandatos completos como ministros de Sanidad de la socialista Leire Pajín y los populares Ana Mato, Alfonso Alonso y Dolors Montserrat y las pesquisas se centran en ocho empresas proveedoras de servicios informáticos como el sistema de dependencia, que gestiona millones de datos personales de sus beneficiarios. Anticorrupción ha pedido copia de diez expedientes y de todas las facturas pagadas y las licitaciones ganadas por estas ocho empresas que trabajan habitualmente con la Administración General del Estado. Aplicaciones informáticas por las que el Imserso llevaría años pagando y no estarían operativas o contratos duplicados para realizar una misma tarea. Además, podría haber licitaciones de servicios informáticos con costes anormalmente altos e incluso otros ficticios y con controles laxos.
El encargo se deriva, señala Balfagón en el documento de encomienda de gestión, de «la detección de situaciones anómalas en materia de contratación, ejecución, supervisión y en la falta de control de las actividades relacionadas con las TIC cuya gestión y supervisión se han externalizado en su mayor parte, con el riesgo que conlleva».
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