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El CES insta a Industria a retomar el modelo de Diálogo SocialEl Consejo Económico y Social expresa su «profunda preocupación» por la situación actual de «inexistencia de procesos» de Diálogo Social en el ámbito de la Administración laboral y del empleo en la comunidad, que «se agrava con la casi inexistencia de participación institucional en los órganos tripartitos». «Todo ello en contraposición a lo acontecido históricamente en Castilla y León», indica en las recomendaciones de su informe anual presentado este viernes.
El órganos consultivo recuerda que el proceso de concertación entre agentes económicos y sociales y Junta «sufre desde hace tiempo dificultades en su desarrollo» y denuncia que «no se produjeron nuevos acuerdos durante el año 2023, algo completamente insólito en los años anteriores».
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Agrega que la Comisión Permanente del Consejo de Diálogo Social, que es el órgano encargado de encauzar todos estos procesos, lleva sin convocarse, y por tanto sin celebrar reuniones, más de 22 meses, «incumpliendo la propia Ley 8/2008, muestra clara del deterioro institucional y de los procesos de diálogo social durante este período». A la «parálisis» en nuevos acuerdos, se une, indica, que parte de los actuales 17 acuerdos firmados y en vigor «están siendo incumplidos por la Junta de Castilla y León y en particular por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo«.
En este contexto, la institución propia insta al Gobierno regional y específicamente al departamento que dirige Mariano Veganzones a retomar el modelo de Diálogo Social Tripartito y a cumplir con los acuerdos vigentes, puesto que considera que «la firma de cualquier acuerdo de Diálogo Social supone la asunción de un compromiso por parte de todos los firmantes».
Por otra parte, el relación al Serla, el CES defiende su importancia y apela a «reforzar este servicio, dotándolo de recursos económicos suficientes para garantizar su correcto funcionamiento en el ejercicio de las funciones constitucional y legalmente reconocidas a los órganos de solución autónoma de conflictos». Denuncia al respecto que como consecuencia de una aportación dineraria insuficiente de la Junta de Castilla y León a la Fundación Pública Serla, «la situación durante este año 2023 se ha agravado con relación al año anterior, de modo que no ha podido hacer frente a sus obligaciones».
El CES también recrimina que la modificación de la ley de fundaciones para acabar con la unanimidad en la toma de decisiones del servicio, se aprobó a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad, «sin emisión previa de informe de los órganos consultivos». «Desde el CES consideramos que la Fundación Pública Serla debe ser apoyada, impulsada y financiada de forma adecuada y suficiente desde la Administración Autonómica, por ser quien tiene que ejecutar las competencias transferidas en esta materia, y por ser el Serla el servicio público que lleva a cabo las funciones de solución extrajudicial de conflictos laborales, las cuales están constitucional y legalmente reconocidas a los órganos de solución autónoma. Por ello recomendamos el cumplimiento de los acuerdos firmados para establecer una confianza mutua entre las partes», resume.
Por último, en relación al Servicio Público de Empleo de la comunidad, el Ecyl, el CES sostiene en su informe que «sigue siendo necesario un reforzamiento» tanto en sus medios personales, como materiales, incluyendo la dotación de mayores funcionalidades a su página web.
«La falta de convocatoria por parte del Ecyl de los órganos consultivos de participación, entre los que destaca el Consejo General de Empleo y sus funciones especificadas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, hace que desde el CES solicitemos al Ecyl reconducir esta circunstancia para volver a la senda del diálogo, consulta y participación», indica.
Por otra parte, en materia de formación, el CES insiste en la necesidad de desarrollar efectivamente un mapa de necesidades formativas que, con la participación de agentes económicos y sociales más representativos, se adapte constantemente tanto territorial como sectorialmente a las circunstancias del tejido productivo teniendo muy en cuenta el contexto actual y donde la cualificación y recualificación en los ámbitos de la economía de los cuidados y la transición verde y digital deben ocupar un papel importante«.
Así, recomienda que, en el marco del Diálogo Social y con la participación del Consejo Económico y Social, se cree el distintivo de empresa formadora para reconocer la implicación amplia y de calidad de las empresas y otras entidades empleadoras en los procesos formativos en los niveles de formación profesional y universitarios, favoreciendo en este ámbito la iniciativa público-pública y público-privada.
Para finalizar, en inmigración, apuesta por la creación de la figura 'Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación', para otorgar a las víctimas de discriminación y, en particular, a las personas inmigrantes, la orientación precisa y la atención integral que necesitan, así como favorecer la incorporación laboral de las personas trabajadoras más vulnerables, entre ellos las personas inmigrantes Asimismo, el CES pide que se trate en el seno del Diálogo Social el nuevo Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y León.
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