Castilla y León

Los agentes medioambientales denuncian la supresión de guardias y móviles con mala cobertura

Representantes de los agentes medioambientales de Castilla y León trasladaron este jueves su «hartazgo» con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los «reiterados incumplimientos» en las mejoras laborales para el colectivo, y denunciaron que no hay ni un solo profesional de guardia en toda la Comunidad tras rebajar a bajo el peligro de incendios el pasado 19 de octubre; la Junta ha suscrito un nuevo contrato de telefonía para el millar de teléfonos que maneja el colectivo «con un 30% menos de cobertura» y la consejería pretende reducir su Relación de Puestos de Trabajo en 70 trabajadores, informa Ical.

Los agentes medioambientales y delegados sindicales Ricardo Fernández, de CC OO; Paco Comuñas, de UGT; Sara Mateos, de CSIF, y Esaú Escolar, de APAMCyL-USCAL, explicaron que han remitido una carta a Suárez-Quiñones para que se siente a negociar y abandone la «mala fe» demostrada hasta este momento con el colectivo; y anunciaron las movilizaciones «que hagan falta», desde huelgas a encierros, ante el «cansancio que sufren» estos trabajadores. En concreto, anunciaron que tras la concentración que celebraron el pasado día 17 de octubre frente a la Consejería de Medio Ambiente, convocarán asambleas en todas las provincias acompañadas de concentraciones en la diferentes delegaciones territoriales, en la semana del 6 al 10 de noviembre.

Esaú Escolar, de APAMCyL-USCAL, agente medioambiental en Burgos, recordó que el Gobierno central aprobó el año pasado un real decreto con medidas urgentes en la lucha contra incendios que obligaba a mantener un operativo todo el año, y «esta obligación ya se la ha saltado» la Junta, porque esta misma semana «ha suspendido todas las guardias de incendios y no hay ningún agente medioambiental para atender ninguna emergencia por incendio forestal».

Escolar criticó que la Junta no se ha vuelto a sentar a negociar el decreto de guardias desde marzo y cargó contra el «ostracismo enfermizo» de la Junta con el colectivo, al que parece que «quiere hacer desaparecer» sin referencias concretas por su nombre en los medios. «Nos están cansando», dijo.

Además, denunció que se ha cambiado el contrato de telefonía que afecta a más de 1.000 terminales, a una nueva compañía, con un 30% menos de cobertura, y «habrá muchos problemas y una merma en su seguridad» sobre todo en zonas rurales y montañosas.

Francisco José Comuñas, de UGT, agente medioambiental de Salamanca, recordó que ya suscribieron un acuerdo para mejorar sus condiciones en 2007, y se incumplió y tuvieron que judicializarlo, y en 2023, «seguimos en la misma situación», con oficinas comarcales que «no cumplen las condiciones mínimas», una sistema de organización «anacrónico total» sin una mejora en la comarcalización ni una optimización del personal, y encima «la Junta elimina 70 plazas de agentes en la RPT(Relación de Puestos de Trabajo), todo lo contrario». «Hay hartazgo en el colectivo,» resumió, para criticar que «es como hablar como una pared, te dan jabón y pasan los años sin hacer nada».

Aseveró que en estos momentos en Castilla y León «no hay un solo agente de guardia en toda la Comunidad, y el consejero se vanagloria de que tiene un operativo los 365 días del año», dijo, para advertir: «No vamos a parar en las movilizaciones hasta que nos atienda».

Sara Mateos, de CSIF, agente medioambiental en León, consideró «inaceptable» la propuesta de modificación de la RPT del colectivo para eliminar 70 puestos, cuando ya en la actualidad deben hacer frente a «extensiones desproporcionadas de territorio» y no pueden ni ir en pareja, cuando van desarmados y «luchan contra el furtivismo y la explotación de recursos naturales». Además, denunció que no les compensan sus servicios en puestos ultraperiféricos ni se les reconoce complemento alguno por peligrosidad o toxicidad, ni sus funciones de atención al público o por uso de herramientas ofimáticas. «Estamos por debajo del rango del resto de funcionarios», resumió.

En este sentido, puso de relieve que en esta situación el «daño colateral» lo sufre toda la sociedad, y advirtió de que sin su trabajo la Junta «no puede garantizar la protección» al medio ambiente. «Exigimos que reconsidera su postura respecto a las RPT y atienda nuestras reivindicaciones».

En resumen, Ricardo Fernández, de CC OO Castilla y León, agente medioambiental en el Bierzo, remarcó que «es imprescindible movilizar a este colectivo, que está con ganas» de defender sus derechos, ante un Gobierno regional que siempre les da «largas cambiadas para no hacer nada». «Hasta ahora ha sido imposible la negociación por la mala fe de la administración», sentenció.

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