Castilla y León no volverá a la mesa de la EBAU salvo para hablar del examen único

La reivindicación de una prueba única de acceso a la universidad se remonta en Castilla y León a la etapa de gobierno de Juan Vicente Herrera, con Fernando Rey como consejero de Educación.

«Creemos en la igualdad de todos los españoles, no es tanto lo que estamos pidiendo, que se nos trate igual a todos los españoles, que cualquier alumno de España tenga el mismo examen de acceso a la universidad, que el grado de competencias se mida en condiciones de igualdad para todas las personas, y si los alumnos de Castilla y León están como dicen todas las encuestas mejor preparados, no tienen por qué perjudicarles con un procedimiento que no reconoce un examen único e igual para toda España. Ese es nuestro planteamiento», argumentó Fernández Carriedo, que añadió que para «consolidar lo contrario» no cuenten con Castilla y León.

De la mesa de negociación se han levantado Castilla y León y la comunidad de Madrid, ambas autonomías con gobierno del PP. En el caso del castellano y leonés, en coalición con Vox. «No queremos ser partícipes de un procedimiento que lleva a la no EBAU única», remarcó Carlos Fernández Carriedo. Es algo a lo que la Junta no quiere «dar cobertura». Partir de la idea de que no puede haber una prueba única para todo el territorio español es, a juicio del portavoz, «una equivocación» y acusó al Gobierno de convocar a las comunidades para este asunto como «coartada para hacer luego lo que quiere y tiene decidido»

Carriedo defendió que el debate sobre la EBAU supera el ámbito político y que la reforma que planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez se cuestionaba desde espacios académicos. «No cuenta con el apoyo de muchas comunidades científicas o de instituciones de reconocido prestigio dentro de España como la Real Academia Española, les invito a repasar su informe», añadió.

La posición de Castilla y León es poner fin a «17 pruebas distintas para un distrito universitario único», que suponen en la práctica diseños de examen con distinta estructura, bloques de contenidos y disparidad en los criterios de corrección, según la comunidad autónoma, pero que configuran una entrada única a la Universidad. Eso da pie a comunidades más rigurosas en exigencia de contenidos y de exámenes, donde es más costoso sacar nota pese a poder estar más preparado, y a otras con pruebas más fáciles.

La nueva selectividad no se implantará hasta 2028 y los próximos cinco años será similar a la actual. La polémica prueba de madurez, que reúne las materias comunes, no se usará hasta la reforma completa y en vez de valer el 75% de los exámenes puntuará el 60%. La próxima cita entre el Gobierno y la autonomías está convocada para el 13 de diciembre.