Castilla y León suprime el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familia directa, que pervive para el resto de parientes

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones no se suprime, puesto que sigue vigente para el resto de familiares y allegados: hermanos, tíos, sobrinos, nietos... El Gobierno de PP y Cs contempla en el presupuesto de 2021, recientemente aprobado por las Cortes, una previsión de recaudación por este tributo de 200,04 millones de euros. Las arcas autonómicas han recogido en 2020 un montante de 185,67 millones de euros, y bonificado hasta 296,11 millones de euros a 58.728 contribuyentes, según recoge la Memoria Tributaria publicada este mes por la Consejería de Economía y Hacienda.

El coste de la aplicación de las nuevas desgravaciones calculado por la Consejería de Economía y Hacienda, lo que la Junta dejará de ingresar, es de casi 35 millones de euros en un año completo (aproximadamente 17 este). El resto lo abonarán principalmente todos los herederos que no son ni cónyuges ni descendientes, para los que Castilla y León mantiene unos tipos impositivos que se colocan en la tabla alta del mapa autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, ha defendido personalmente la reforma de este impuesto en el hemiciclo, que supone el final, de facto, para los integrantes de la familia más cercana. Una medida, ha dicho, «que es positiva para todos», porque promoverá la actividad económica y la creación de empleo al lograr «que la ayuda económica llegue en vida a un familiar sin tener que esperar al fallecimiento» de quien lega sus bienes o ahorros.

Mañueco ha augurado que la medida contribuirá a incrementar la recaudación de las arcas autonómicas, porque va a «ayudar al relevo generacional en empresas y negocios». El presidente ha concluido que «no siempre subir impuestos genera mayor recaudación y no siempre bajarlos genera disminución de ingresos».

El dirigente del PP ha resaltado que el avance en la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones era uno de los puntos del acuerdo de gobierno que alcanzó con Cs para gobernar en Castilla y León y avanzó que no será la única rebaja de impuestos que su Ejecutivo impulsará esta legislatura.

Las bonificaciones que se incorporan en Sucesiones y Donaciones de Castilla y León son del 99% para cónyuges y descendientes sin mínimo exento alguno, para todo el valor de bienes legados, a lo que se suma el beneficio fiscal del 99% para las donaciones intervivos, también aplicable exclusivamente a cónyuges y descendientes. La ley refleja que las bonificaciones se extienden a las parejas de hecho con dos años de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.

Rosa Rubio, procuradora del PSOE, ha criticado con dureza el cambio fiscal. «Esta modificación solo beneficia a los más ricos, a sus amigos señor Mañueco, con covid o sin covid, los ricos siguen siendo ricos y son los que más va a donar. Se basan en mentiras y cuentos». Su compañera de bancada, Virginia Barcones, había planteado antes dejar el impuesto como está y destinar esa cuantía de 37 millones que se calcula costarán las nuevas desgravaciones en implantar la radioterapia en las provincias que no la tienen (Ávila, Segovia, Soria, Palencia, además de Ponferrada) y poner en marcha desgravaciones para los residentes del medio rural. «De eso se trata, de beneficiar a 701 (contribuyentes que pagaron el año pasado por heredar por encima de los 400.000 euros, según el PSOE) o apoyar a los 680.000 ciudadanos que viven en estas provincias y que deben hacer 400 kilómetros diarios para 10 minutos de tratamiento si tienen un cáncer y necesitan radioterapia. ¿Con quién están ustedes?», ha emplazado Barcones.

Desde PP, Cs y Vox acusaron a a la viceportavoz del Grupo Socialista de intentar confundir y crispar al vincular lo que supondrá el cambio fiscal en aminoración de ingresos públicos a la atención de pacientes oncológicos.

«Demagogia sin precedentes lo que hemos escuchado. ¿Con qué PSOE nos quedamos, con el que quiere mantener los beneficios fiscales de este impuesto como están o con el que propone el infierno fiscal de subirlo que van a defender en menos de una hora?», ha recriminado Salvador Cruz, portavoz adjunto del PP. Raúl de la Hoz, portavoz de este grupo, ha acusado al PSOE de Castilla y León de defender para los ciudadanos de la comunidad impuestos que gobiernos socialistas como el de Aragón rebajan para los suyos.

Miguel Ángel González, de Cs, ha escriturado para su formación el logro de que este impuesto pase a ser testimonial para los familiares directos, al recordar que en la legislatura pasada el sucesivo incremento del mínimo exento de pago de 175.000 a 250.000 y luego a 300.000 y a 400.000 euros, fue una demanda de los naranjas al PP, aunque esta formación lo llevaba también en su programa electoral «No son los más ricos lo que se ven obligados a renunciar a las herencias por no poder pagar este impuesto, son los más pobres. Es un impuesto que castiga especialmente a la clase media y trabajadora», ha argumentado el parlamentario de Cs.

Pablo Fernández, de Podemos-Equo, ha manifestado que la supresión de este impuesto beneficia «a las élites» y que la bajada de la recaudación perjudica a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. «Pero eso a ustedes les importa un comino», ha censurado el de Podemos, por entender que la base de votantes de PP y Cs puede permitirse pagar colegios y acudir a la privada.

Al término de la votación de este proyecto de ley, han justificado su voto a favor la procuradora de Vox y el de Por Ávila. Fátima Pinacho ha solicitado una aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2021, que no ha sido atendida, y Pedro Pascual ha manifestado que el cambio en la tributación de Sucesiones y Donaciones acerca a los contribuyentes de Castilla y León a una situación similar a la de otras comunidades y lo ha considerado necesario para que «lo que podamos dejar a nuestros hijos no les empeñe para toda la vida».

El proyecto de ley aprobado en las Cortes pasará estos días un última revisión por parte de los letrados de las Cortes y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León.