Castilla y León hace obligatoria la mascarilla y exige 'herramientas' ágiles para confinar

Castilla y León se suma al mapa de las mascarillas perennes. El empleo de este elemento de protección será obligatorio para mayores de 6 años a partir de la medianoche del viernes en la calle, en espacios al aire libre y en lugares cerrados de uso público, con independencia de que se guarde la distancia mínima de metro y medio entre personas.

La regulación que la Junta aprobó el 19 de junio daba la opción de una cosa o la otra. Separación o mascarilla. Ahora esa 'o' se transforma en una 'y', para sumar una medida de protección a la otra. A la pregunta de cuándo habrá que llevar mascarilla, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, contestó con un «siempre». Esa será la norma general. Muy pocos casos quedan al margen de esa obligatoriedad más allá del domicilio familiar.Las excepciones habilitadas por la Junta de Castilla y León son el consumo de alimentos y bebidas y la práctica de actividad física, además de la estancia en espacios naturales fuera de núcleos de población. Tampoco será obligatoria en recintos de piscinas, pero en este caso «siempre que se mantenga la distancia interpersonal».

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, justificaron la implantación de la exigencia en el empleo de la mascarilla en la necesidad de «reducir el riesgo de transmisión comunitaria» de la covid-19 en un ambiente de «incremento de la movilidad de personas en época estival».

La mayor parte de las comunidades (todas salvo Madrid, Castilla-La Mancha yValencia, además de Galicia, que lo circunscribe a zonas con brotes declarados) ya habían implantado esta medida. Igea descartó que Castilla y León aplique la obligatoriedad con retraso. «El grado de cumplimiento de la recomendación entre la población ha sido muy bueno», justificó el vicepresidente. Tampoco son malos los datos epidemiológicos de una comunidad que ha pasado del pelotón de cabeza de afectación por la pandemia entre marzo y mayo a situarse en el puesto 17, el último, en positivos diagnosticados los últimos siete días. La incidencia en autonomías vecinas y la situación «alarmante, con fase de mitigación, ni siquiera de transmisión comunitaria» que intenta atajar Cataluña cimentan la decisión de la Junta de hacer obligatorio en la calle y espacios públicos el uso de mascarillas. La medida se aprobó en un Consejo de Gobierno que dio luz verde a una batería de requisitos que deberán cumplir las empresas que contraten trabajadores agrarios, sector que da ocupación al 65% de los 3.600 casos activos de coronavirus en España.

El último brote de Valladolid tiene su origen a caballo entre el barrio de Delicias, donde residen los afectados, y la planta hortícola de Chatún, en el Carracillo segoviano, donde trabajaban y a la que se desplazaban compartiendo coche. Contabiliza 22 personas con diagnóstico positivo y 49 contactos en estudio, con confinamiento domiciliario vigilado en la capital del Pisuerga, a la espera que el juez ratifique que esas medidas de vigilancia para garantizar que los infectados cumple la cuarentena requerida por la Consejería de Sanidad se ajustan a la legalidad. Desde el juzgado han requerido a la Junta informes médicos para que el forense verifique que la autoridad sanitaria no se extralimita al limitar la salida del domicilio a los afectados por el brote de covid.

Ante ese ritmo judicial, Francisco Igea demandó al Gobierno de Pedro Sánchez un «instrumento ágil, que permita tomar decisiones muy rápidas» para garantizar los confinamientos y evitar contagios.«El tiempo es precioso, una demora de dos días puede acabar en catástrofe», remarcó. Desde Castilla yLeón plantean que, entre la declaración general del estado de alarma y la situación actual, hay pasos intermedios. El portavoz regional apuntó una reforma vía decreto-ley de la norma que regula el estado de alarma o declaraciones parciales.

Tanto Igea como Casado insistieron en que el sistema vigente no es operativo, porque hay que solicitar confinamientos vigilados persona a persona. Eso conlleva investigar dónde viven, que los empadronados en la vivienda coincidan con los pacientes y justificarlo ante el juzgado caso a caso. Como si se tratara de hospitalizar forzosamente a un enfermo psiquiátrico o a un infectado de tuberculosis. Si la situación requiere medidas de aislamiento de barrios o poblaciones sería un procedimiento inasumible, avisó el portavoz. «Si tuviéramos problemas sería imperdonable», subrayó Igea. «Ahora ya no sirve de excusa que no se podía prever», insistió. «Por eso votamos el estado de alarma», concluyó. Igea se refería a su partido, a Cs.

El Consejo de Gobierno aprovechó el cambio en la regulación para prohibir el uso compartido de cachimbas y otros dispositivos de inhalación de tabaco, práctica que ha ganado adeptos entre los jóvenes.