Castilla y León sobre el reparto de la financiación que plantea el Gobierno: «Otros ganan, nosotros perdemos»

Y eso que la comunidad parte de una situación de «infrafinanciación». En el presupuesto autonómico que las Cortes están tramitando en este momento, las entregas que llegarán del Gobierno central en 2022 a cuenta del sistema de financiación autonómica suman 6.862 millones de euros, que no llegan a pagar los 8.165 que la Junta presupuesta solo para las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, desde las que se gestionan los servicios esenciales, sin contar competencias como el cuidado del monte o el mantenimiento de carreteras.

El consejero de Economía y Hacienda ha defendido este martes que la propuesta ministerial no refleja que se aporten más fondos a la bolsa de recursos y que el reajuste de los criterios que se aplicarán para distribuirlos perjudica a Castilla y León. Hay margen para corregir y en eso «vamos a insistir», ha remarcado Carriedo, empezando por la «perdida de peso de la consideración del envejecimiento en el reparto de fondos de Servicios Sociales». La Junta «no comparte ni entiende» que pierda relevancia la población mayor de 65 años, «porque es una variable determinante para el gasto». En el caso de la educación, el reparto se hace por número de alumnos, sin tener en cuenta que la distribución de esos alumnos en el territorio tiene unos costes fijos, superiores en la escuela rural, porque incrementa gastos en edificios, personal, transporte y comedor.

A esto se suma el fondo que se orienta a luchar contra la despoblación y que se diseña para aquellas comunidades que no superan los dos millones de habitantes. «¿Por qué ese límite? Hay comunidades con menos de dos millones que no tienen problema de despoblación y otras con más de dos millones que sí», argumenta Carriedo. Lo lógico sería atender al reparto de ese padrón en el territorio, o lo que lo mismo, a la densidad de población. Ese límite de 2 millones de habitantes excluiría de fondos para apuntalar el coste que la despoblación tiene en la prestación de servicios a territorios como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia y permitiría que llegara dinero a Baleares.

La tercera cuestión que la Junta considera que debe corregirse es la financiación del cuarto bloque de competencias, las que no son sanidad, educación y servicios sociales: carreteras, medio ambiente, lucha contra los incendios, agricultura, conservación de patrimonio histórico... El planteamiento del Ministerio de Hacienda trasvasa fondos que ahora financian estas materias a reforzar el peso en el reparto de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ahora tienen un peso del 30%, que se reduciría al 18%, según el borrador. A eso se añade que la distribución repartirá ese dinero aplicando el padrón de habitantes, sin tener en cuenta de que son competencias cuya gestión depende casi exclusivamente del mapa, de la extensión, «muy vinculadas al territorio». Esto supone repartir en función del número de habitantes y no del de hectáreas forestales, kilómetros de carreteras autonómicas o monumentos el dinero para cuidar el monte y luchar contra el fuego, conservar infraestructuras y restaurar patrimonio.

Carlos Fernández Carriedo ha precisado que la posición de la Junta de Castilla y León la marcan la declaración firmada recientemente en Santiago de Compostela por ocho de las quince comunidades afectadas por el modelo de financiación autonómica (no están ni el País Vasco ni Navarra, que tienen concierto económico propio con el Estado) y el acuerdo respaldado por los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. El consejero ha avanzado que habrá reuniones de trabajo en estos ámbitos en próximas fechas para plantear la propuesta que la comunidad debe hacer llegar en enero a la ministra Montero.

Carriedo ha considerado positivo que se abra la negociación de un modelo de financiación que es insuficiente para la comunidad, ha insistido en que hay que reconducir aspectos muy negativos del borrador gubernamental y remarcado que la financiación autonómica no aparca las dos reivindicaciones más urgentes que la Junta hace al Gobierno central: la recuperación de un Fondo Covid para 2022 y «un reparto transparente y justo de los fondos vinculados a la Unión Europea».