Castilla y León será la segunda comunidad más afectada si se cobra peaje en las autovías

No ha sido, desde luego, el mejor momento para recordar una idea que desde hace años ronda por los despachos del Ministerio de Transportes (antes Fomento) y que, de hecho, forma parte de un documento oficial remitido a la UE. No le parece al Gobierno buena idea rescatar ahora, en plena campaña electoral, el proyecto que propone pagar un peaje por circular en las autovías hoy gratuitas y que ya en mayo de 2021 se anunció que entraría en vigor en 2024.

Porque no es nuevo esto de que habrá que desembolsar unos euros para ir de Valladolid a Alaejos. O por la A-1 desde Burgos hacia la Comunidad de Madrid. O por la Autovía del Noroeste desde Tordesillas rumbo a Galicia.

Los globos sonda en este sentido ya vienen de lejos (incluso el PP los lanzó durante los tiempos de Ana Pastor como ministra del ramo). Pero el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha vuelto a situar este 'pago por uso' en el centro del debate, después de una entrevista este jueves en la televisión catalana TV3, en la que recordaba que España empezaría en 2024 («por imposición de Bruselas») esa implantación de peajes en las autovías.

La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desautorizó tan solo unas horas después esas palabras del director de la DGT y el propio Navarro matizó sus declaraciones. «Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de las carreteras», aseguró Sánchez.

Se enreda así otra vez una propuesta que amenaza a los conductores de los 2.210 kilómetros de autovía que hay en Castilla y León. A continuación, explicamos cómo puede afectar esta medida, de llevarse a cabo, a los vehículos que circulen por las autovías de la provincia. Y qué casos se podrían ver exentos de pagar el peaje.

La ministra Raquel Sánchez reconoció este jueves que esta propuesta forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la UE (y del que depende buena parte de la llegada de fondos comunitarios), pero a continuación insistió en que la idea había quedado «aparcada», en diciembre de 2021, al no existir consenso suficiente entre las administraciones y agentes implicados. De hecho, la medida ya se había topado con la oposición frontal de las asociaciones de transportistas. Y eso que todavía no se ha precisado cómo se va a llevar a cabo ni cuánto habría que pagar por circular por las autovías que hoy son gratuitas.

El documento remitido a Bruselas en 2021 decía textualmente, en su página 127: «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras». Y repetía en la página 134: «Desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad«.

Con esta medida se intenta sufragar parte los 1.371 millones de euros que cuesta la conservación de la red de carreteras (según la cifra recogida en los presupuestos generales del Estado para 2022). La asociación de empresas de conservación y explotación de infraestructuras (Acex) asegura que mantener en buen estado un kilómetro de autovía cuesta 80.000 euros al año.

La idea era tener el modelo definido para 2022 (en junio de ese año se encargaron varios informes a la consultora pública Ineco) para que se pudiera aprobar antes del 31 de diciembre de este 2023. En todos estos documentos, se fijaba 2024 como el año para empezar a implantar estas medidas, en línea con lo recogido en ese informe remitido a Bruselas que Pere Navarro recordó este jueves. Con este compromiso ante la UE, se garantizaría la llegada de fondos europeos de ese plan de resiliencia.

Pero el Gobierno insiste en que no es el momento hasta que haya «consenso social y político». Lo dijo en 2021 («no se pondrá en marcha en el actual contexto de crisis económica») y lo remachó este jueves: «Quiero desmentirlo categóricamente», insistió la ministra Sánchez, quien aseguró que ya el PP encargó un estudio similar y que ha sido el PSOE el que ha retirado los peajes de 1.500 kilómetros de autovías.

Castilla y León cuenta con 2.210 kilómetros de autovías y autopistas libres de pago en Castilla y León, de acuerdo con el último anuario del Ministerio de Transportes. De ellos, 1.929 kilómetros son de titularidad estatal y 281 corresponden a autovías gestionadas por la Junta (como la del Camino de Santiago, con 157 kilómetros, o la Valladolid-Segovia, así como un pequeño tramo en el acceso a Ponferrada). Esto supone que el 16,7% de los kilómetros de autovía que hay en España pasan por Castilla y León. Es la segunda comunidad con mayores vías de este tipo, solo superada por Andalucía. Por lo tanto, sería una de las dos comunidades más afectadas por esta propuesta de pago por uso. No se incluyen en este recuento los 201 kilómetros de autopistas de peaje.

Por provincias, Zamora y Burgos (con 337 y 332 kilómetros) son las que tienen más asfalto de autovías, que incorporan 255 kilómetros en Palencia, 127 en Segovia y 292 en Valladolid. En esta última provincia, destacan los tramos de la Autovía de Castilla (A-62), con casi 90 kilómetros desde el límite con Palencia (pasado Dueñas) hasta más allá de Alaejos. Y la Autovía del Noroeste (A-6), con 84 kilómetros desde San Pablo de la Moraleja hasta San Pedro de Latarce. Y a esto habría que sumar 40,7 kilómetros de la Autovía de Pinares (titularidad de la Junta), los tramos desdoblados de la N-601 (hacia Boecillo y Villanubla), las rondas y los dos tramos de la Autovía del Duero (entre la capital y Tudela y desde Tordesillas al límite con Zamora).

El listado no es muy diferente al de hace una década, ya que apenas se han producido avances en la Autovía del Duero o la que conducirá a León. En ambos casos, se acumulan años de retraso bajo Gobiernos tanto del PSOE como del PP.

Entre las autovías más relevantes que atraviesan la comunidad están la A-1 (Madrid-Burgos-Miranda de Ebro), la A-6 (desde Madrid a La Coruña), la A-50 (Ávila-Salamanca), la A-52 (Benavente-Tui) o la A-62 (Burgos-Ciudad Rodrigo). La mayor intensidad de tráfico de toda la comunidad se da precisamente en esta carretera, en el tramo comprendido entre Valladolid y Tordesillas, por donde pasan 36.210 vehículos de media cada día. De hecho, los últimos presupuestos general del Estado incluyen una partida para ampliar esta carretera desde Dueñas hasta Tordesillas con un tercer carril.

Estos son los tramos en los que, de acuerdo con esta medida, se podría aplicar este pago por uso. ¿Cómo? Esta es la gran pregunta y nadie se atreve a ofrecer una respuesta clara. En aquel informe encargado a Ineco en 2022 se barajaban dos grandes alternativas.

La primera es el llamado pago por viñeta, que se aplica en países como Suiza, Austria, Bulgaria o Rumanía. En este caso, se fija una especie de tarifa plana (se puede abonar por día, semana, mes o año) que se asocia a la matrícula del vehículo y el control (para saber quién ha pagado y quién no) se llevaría a cabo a través de una red de cámaras instaladas en varios puntos de las carreteras. De este modo, el pago sería independiente del número de trayectos o de la distancia que se recorriera. Esta parece que es la opción preferida por el Gobierno, que en 2021 deslizó la posibilidad de que el pago anual se situara en torno a los 80 euros.

La otra alternativa es un sistema de peajes en función de la distancia recorrida por estos tramos de autovía. En 2019, el entonces Ministerio de Fomento filtró que trabajaba en un criterio de pago que supondría abonar una décima parte de lo que se paga en una autopista de peaje.

De acuerdo con los datos oficiales, la tarifa media que abona un turismo por circular en autopista entre Villalba y San Rafael (25 kilómetros) es de 5 euros. Entre Villalba y Adanero (72 kilómetros) se abonan 13,90 euros de media. Esto supone, en ambos casos, un coste medio de veinte céntimos por kilómetro recorrido. Si se aplicara esa idea barajada en su día por el Gobierno, habría que abonar dos céntimos en autovía.

Así, un conductor que circule entre Valladolid y Tordesillas (31,7 kilómetros) tendría que abonar 0,63 euros (1,26 euros el trayecto de ida y vuelta). Por lo tanto, un vecino de Tordesillas que se desplazara todos los días laborables a la capital pagaría en torno a los 25 euros al mes. Un residente en Tudela de Duero (a 15 kilómetros de Valladolid) que se acercara de compras a la capital vallisoletana tendría que desembolsar 0,60 céntimos.

Eso, si se aplican esos dos céntimos por kilómetro que en su día aventuró el Gobierno, algo que no está ni mucho menos definido ya que, en otros foros (nunca de forma oficial) ha hablado de un céntimo por kilómetro. Esta cifra está lejos de los nueve céntimos por kilómetro que en marzo de 2020 (apenas unos días antes de la pandemia de covid) propuso Seopan, la Asociacion de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras propuso un peaje «de máximos» de nueve céntimos por kilómetro.

Para embrollar todavía más la situación, el propio Pere Navarro, en septiembre del año pasado (sin tanto revuelo como se ha levantado ahora, en época preelectoral) aseguró que habría una serie de colectivos que podrían quedar exentos del pago. Serían los conductores que se desplacen a sus puestos de trabajo, aquellos que acuden a hospitales, ambulatorios o centro sanitarios y los escolares, universitarios o profesores que acuden a colegios o universidades. Así, un vecino de Dueñas que acude a Palencia a trabajar no tendría que pagar peaje.

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